El Gobierno se da una semana para introducir los cambios en la ley

El viernes 15 de marzo se cumple el plazo –es ya la segunda prórroga– para la presentación de enmiendas a la reforma de la ley hipotecaria que tramita actualmente el Congreso de los Diputados. Una normativa que combinará el proyecto que sale del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago. Habrá una tercera prórroga, esta vez para incluir enmiendas que adapten el texto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno considera que bastará una semana más para fundir ambos textos. "El trabajo está muy avanzado porque gran parte de las cuestiones que se piden ya están planteadas". 

Presión social

Conscientes de la presión social y de lo delicado del tema, la intención es no dilatar la cuestión. 

"Queremos actuar con rapidez. La intención es sumar las observaciones de la sentencia a la ley. Esto se hará vía enmienda, en principio. Pero las 24 horas que tenemos hasta que se cumple el plazo –el viernes 15– en el Congreso no nos bastan. Hay que estudiar el texto con detenimiento", explican fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso que consideran, al igual que en la Moncloa, que con una semana de prórroga para la introducción de enmiendas bastará. 

Desde que en la mañana del jueves se ha conocido el sentido de la sentencia de la UE, los contactos entre el Grupo Parlamentario Popular y el Ejecutivo para calibrar el grado de la reforma necesaria han sido intensos. La primera reacción ha sido la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que admitió que el texto sobre el que vienen trabajando necesita modificaciones.

De la primera lectura del texto, fuentes gubernamentales concluyen que la sentencia no cuestiona el sistema de ejecución hipotecaria español en su conjunto. No obstante, no ocultan que la sentencia insta a mejor este sistema en algunos aspectos. A la hora de precisar estos, interpretan que el Tribunal de Justicia de la UE obliga a que haya mejores mecanismos para permitir que una sentencia que declare abusiva una cláusula de una hipoteca no quede sin efecto por haber finalizado el proceso de ejecución, con la pérdida de la vivienda y el desahucio. 

Las mismas fuentes sostienen que estas observaciones no tienen nada que ver con la dación en pago. "Es para cuando ya se ha dado una ejecución hipotecaria", aclaran.

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Los servicios jurídicos de la Moncloa y del Grupo Parlamentario trabajarán en los próximos días para buscar la vía de dar herramientas a los jueces para que esos comportamientos injustos no se produzcan.

Iniciativa Legislativa Popular

Fue en el último minuto del día 7 de febrero cuando el Grupo Parlamentario Popular anunció que había reconsiderado su negativa a votar en contra de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo. En realidad, la negativa tenía su origen en un sector del Gobierno, puesto que la dirección del Grupo tenía claro que no podían desmarcarse.