IU exige la paralización de los desahucios tras la sentencia de la TJUE

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha exigido al Gobierno central que "se paralicen todos los desahucios de forma inmediata" y que se devuelvan los derechos “vulnerados” a los ciudadanos de forma retroactiva.

La decisión viene después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictaminara este jueves que la legislación española ha transgredido la normativa europea en relación a este tema, ya que no protege lo suficiente a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

En opinión de la consejera, el Gobierno central tiene la obligación de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y de aceptar elementos como la dación en pago, además de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Hipotecaria.

Cortés recuerda que en España "se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007", como informa Europa Press, y denuncia que “todos los gobiernos se lavaron las manos y miraron hacia otro lado” mientras se producía esta lacra. Elena Cortés considera que la paralización inmediata de los desahucios, junto al alquiler social, debe ser “el punto de partida” para el Ejecutivo de Rajoy, una institución que ha ejercido una violencia contra aquellas familias que han perdido su casa desde 2007, explica.

Obligación no sólo jurídica, sino también política

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"Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias", ha aseverado la consejera. Unas familias que están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma inmediata todos los desahucios, algo que ya ha hecho Andalucía, y recuerda que la Junta en el marco de sus competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores de productos financieros.

Cortés, junto a otros compañeros de partido, anima a los ciudadanos a que "acudan a las oficinas en defensa de la vivienda”. Por su parte, José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA en el Parlamento, llevará al pleno de la Cámara andaluza una Proposición no de Ley que ponga en valor la sentencia del TJUE. Además, pedirá que el Congreso de los Diputados tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra este tema.

El portavoz parlamentario ha mostrado su indignación al comprobar que “los sucesivos Gobiernos de España han tenido escondida una directiva comunitaria de obligado cumplimiento en un cajón", y ha lamentado que el Ejecutivo ignorara esta norma, mientras que sí se han aplicado en España otras de manera firme, provocando sufrimiento en la gran mayoría de los ciudadanos. "Una directiva comunitaria que podría haber evitado en torno a 400.000 desahucios y que podría haber hecho frente al drama de gente que se ha tirado por un balcón o se ha suicidado", ha espetado.