Privatizaciones

El Gobierno de Madrid veta el debate sobre Capio

El PP ha usado su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para tumbar todas las preguntas formuladas por el grupo socialista sobre los vínculos del grupo Capio con el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El PP, que se dispone a privatizar la gestión de otros seis hospitales, alega que ninguna de las tres preguntas debe ser admitida a trámite porque su objeto “no es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Las preguntas ni siquiera pedían respuesta oral. Tan solo escrita.

Como publicó infoLibre el pasado día 8, los propietarios últimos del gigante de la sanidad privatizada –gestiona cuatro hospitales integrados en la red sanitaria pública madrileña- se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el archipiélago caribeño. Es decir, en uno de los más acreditados santuarios de capitales opacos, puerto y refugio de inversores que se escudan tras sociedades pantalla. 

Tras la publicación de aquella primera noticia, el programa de televisión Las Mañanas de Cuatro preguntó al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty por el asunto. Visiblemente molesto, Lasquetty terminó por decir que no sabe si es "relevante" que la madeja de Capio conduzca a las Islas Caimán y que, en cualquier caso, "no tiene la obligación de saber quién es el accionista del accionista".

El blindaje societario de las Islas Caimán, que funciona como colonia británica, impide levantar el manto que protege a los dueños reales y tangibles de una compañía. Solo si un juez lanza una comisión rogatoria –solicitud de ayuda internacional- es posible acceder a esa información, pero ni siquiera eso es seguro: las autoridades de las Islas Caimán son especialistas en marear la perdiz como saben, por ejemplo, los jueces que se han sucedido en la investigación del caso Gürtel.

Incógnitas sin respuesta

Tras las informaciones publicadas por este diario, la diputada socialista Laura Oliva preguntó al Gobierno de Ignacio González si conoce qué personas físicas o jurídicas integran cada una de las compañías del grupo Capio. La parlamentaria interesaba también una valoración del Ejecutivo sobre el hecho de que el conglomerado que gestiona varios centros sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid tenga su sede en un paraíso fiscal. Por último, inquiría al Gobierno sobre su opinión respecto de la estructura societaria de Capio.

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Conformada a modo de muñeca rusa, esa estructura societaria planta sus raíces en las Caimán. De allí, pasa a Luxemburgo, salta a Holanda y extiende finalmente sus ramas por España. De las 22 compañías que integran el grupo, al menos 10 tienen carácter instrumental. Es decir, su única misión consiste en poseer acciones de otras sociedades.

La opacidad de Capio le ha llevado a infringir el Real Decreto que regula el Plan de Contabilidad.

Esa norma, de obligado cumplimiento por todas las empresas españolas, preceptúa que la memoria anual de las sociedades debe detallar las retribuciones de cualquier tipo abonadas a los miembros de la alta dirección. Capio Sanidad Holding SL no lo hizo en 2011, último ejercicio cuyas cuentas están disponibles en el Registro Mercantil. El incumplimiento legal llevó a Deloitte a incluir una salvedad –un reproche formal- en sus informes de auditoría correspondientes a los dos semestres del ejercicio.

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