Privatización de la sanidad

El PSOE recurre ante el TC el “apartheid sanitario”

La suerte de la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid está echada. El Tribunal Constitucional (TC) tiene ya en sus manos la potestad de tumbarla

El PSOE presentó en la mañana de este miércoles el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud. Fue el propio líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien llevó el texto al registro del TC, acompañado de los otros dos senadores madrileños de su partido, Maru Menéndez y Enrique Cascallana; del secretario general del Grupo Socialista en el Senado, José Miguel Camacho; del diputado nacional José Martínez Olmos y el parlamentario autonómico José Manuel Freire. 

Gómez subrayó la expresión clave que recorre la impugnación ante el Alto Tribunal: "El apartheid sanitario". Es, sin duda, uno de los pilares del informe encargado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a un bufete de abogados, estudio que ha servido de base para el recurso de los socialistas. El texto aduce que los ciudadanos que pertenecen al área de influencia de un hospital privatizado quedan en realidad cautivos de ese centro, ya que este tiene incentivos económicos para disputarse a los pacientes. Se crea así una red dual: una pública, adonde acuden los enfermos graves, con tratamientos costosos, y la concesionada, que retiene a los pacientes más leves, con baja ocupación de camas y cuyos cuidados son más baratos. "Hoy acudimos al TC para evitar que en Madrid se produzca lo que quiere hacer el PP con ese afán de negocio. Lo que quieren hacer en Madrid es un apartheid sanitario, que los ciudadanos que sean atendidos en los hospitales que quieren privatizar sean ciudadanos marginados", señaló Gómez a los medios, informa Europa Press. 

El propósito del PSM es, por tanto, "paralizar la privatización y el desmantelamiento de la sanidad en Madrid", y defender por descontado "la sanidad universal, pública y gratuita". El secretario general de los socialistas madrileños apuntó que su partido actúa de mero "instrumento" del grupo de facultativos que han elaborado el minucioso informe que sirve de cimentación del recurso, que no podían recurrir al no tener representación en las Cortes. "Se puede y lo vamos a conseguir", animó. 

Siete preceptos violados

La impugnación, en efecto, es totalmente tributaria del informe de Afem. De hecho, el PSOE hace suya la argumentación y traslada párrafos textuales del texto de los médicos. El recurso señala, en su parte introductoria, que la ley madrileña esquiva el artículo 88 de la Constitución ya que no prueba ni justifica por qué hay que privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Y obedece alega, a que la "intención perversa que subyace en todo el procedimiento seguido por el legilador", repleto de "brevísimas y apodícticas manifestaciones", es que el "interés de muy pocos" se imponga "al de la mayoría". 

El recurso indica que se vulneran un total de siete preceptos constitucionales. El primero al que hace referencia es el artículo 149. 1. 18ª, pues la ley "habilita" al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a proceder a la adjudicación de los centros a las empresas privadas, cuando el Sermas "carece obviamente de competencia". El PSOE cree que también se infringe este concepto al ofrecer "preferentemente" la gestión de los centros de salud a las sociedades de profesionales médicos.

La quiebra de la "igualdad" de los madrileños

Pero la parte medular de la argumentación de los socialistas es la denuncia del incumplimiento de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (igualdad de los españoles), 41 (régimen de la Seguridad Social) y 149. 1. 17ª (competencia exclusiva del Estado en la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social). Aquí es donde más se nota la impronta deAfem, que financió el informe con la donación del sueldo de un día que hicieron varios profesionales.

El PSOE insiste en que la Comunidad legisla a favor de las empresas adjudicatarias y en detrimento de los hospitales de gestión directa pública, preparando el terreno para una "disminución muy notable de los recursos económicos" asignados a estos últimos. En definitiva, argumenta el partido, la privatización de la sanidad "genera un modelo económico dual de aseguramiento de la prestación", el contractual –que vale para las compañías concesionarias– y el presupuestario –el de los centros públicos, que perciben sus recursos vía Presupuestos regionales–, lo que desencadena "desigualdades injustas entre los ciudadanos de una misma comunidad, vulnerando el principio de igualdad". 

La Defensora del Pueblo no quiere "entrar" en la vía de gestión

Finalmente, la legislación del Gobierno regional, presidido por Ignacio González (PP), infringe los artículos 43 (protección de la salud) y 149. 1. 16ª (regulación básica estatal de la sanidad pública) de la Constitución. Los razonamientos apuntalan la idea de la desigualdad entre madrileños, la consagración, en definitva, del "apartheid sanitarioapartheid ". 

El estudio de Afem también ha llegado ya al despacho de la Defensora del Pueblo, pero esta no parece apoyar su toma en consideración. Soledad Becerril, preguntada el pasado 22 de marzo en un desayuno informativo, aseguró que la institución que dirige "no debe entrar" en la manera de gestionar la sanidad –porque es "competencia de los gobiernos"– y sí en las quejas que pacientes y facultativos puedan presentar sobre el servicio. 

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