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Violencia género

Las víctimas de violencia de género denuncian menos por culpa de la crisis

La presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género y Machista, Inmaculada Montalbán durante la rueda de prensa.

Sara Pérez

En el año 2012 se presentaron un total de 128.543 denuncias, lo que supone un 4 % menos con respecto al año anterior. Según ha manifestado en rueda de prensa la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, "la crisis está frenando las denuncias y, como consecuencia, las mujeres tarden más en salir del círculo de la violencia”. Esto se explica a raíz de que la situación económica agrava la dependencia económica que muchas mujeres sufren en el ámbito familiar. “La incertidumbre económica y el sentimiento de culpabilidad que surgen después de presentar una denuncia podrían ser los causantes de esta tendencia. Los despidos, la reducción de ingresos y la precariedad de los contratos actuales provocan que las víctimas les desborde el miedo a “la vida después de la denuncia”.

Según ha afirmado la portavoz del Observatorio, “existe una preocupación permanente con respecto a los datos que proceden del abandono de la mujer del proceso penal”. El acompañamiento de los servicios asistenciales y la disposición de apoyo psicológico antes y durante el proceso son factores determinantes a la hora de evitar el rechazo a continuar con la demanda. Los datos del informe anual de 2012 confirman que se registraron un total de 15.592 renuncias de mujeres que decidieron apartarse del proceso después de haber presentado denuncia y antes del juicio oral. Esta cifra, que corresponde al 12 % del total de las denuncias, implica un incremento del 0,9% en relación al 2011.

En relación al origen de las denuncias, un 70% fueron interpuestas por las propias víctimas, mientras que las autoridades policiales y los partes de lesiones procedentes de hospitales alcanzaron un 13,21 y un 11,9%, respectivamente. En un 1,22% de los casos, fueron las familias quienes han interpuesto la demanda. Entre las comunidades donde se registraron un mayor volumen de denuncias de violencia doméstica ocupan por orden los primeros puestos Baleares, Canarias y Valencia.

De las 50.743 sentencias penales dictadas en todos los órganos competentes en materia de violencia de género, aproximadamente un 60% fueron de condena y un 40% fueron absolutorias. El 81% de las medidas cautelares dictadas por los juzgados se basaron en órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación.

Las otras víctimas

Inmaculada Montalbán insiste en la urgencia de proteger con mayor intensidad a quienes son también víctimas directas de la violencia doméstica: los menores. Durante el 2012 un 11,5% de las medidas dictadas fueron destinadas a la protección del menor, entre las que destacan la suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad y de la guardia y custodia. Un número que la directora ha considerado “demasiado bajo” si se compara con las medidas penales acordadas para la protección de la mujer.

La presidenta ha recordado las propuestas recientemente presentadas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Parlamento que reclaman el derecho a asistencia jurídica gratuita por parte de la víctima desde la presentación de la denuncia y su aplicación a los casos de sobreseimiento provisional, que hoy por hoy no garantizan el amparo a las víctimas de casos archivados de manera temporal.

Un hombre con orden de alejamiento mata a martillazos a su mujer en Badajoz

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El observatorio protesta por la ausencia de servicios forenses integrales en los juzgados de las pequeñas ciudades y pueblos, donde los jueces carecen de “uno de los instrumentos esenciales para evaluar los daños y en función de ello dictar las medidas cautelares necesarias”.

El futuro del Observatorio

Tras conocerse la reforma del CGPJ el pasado diciembre, el Instituto, que depende de manera directa del órgano de gobierno de los jueces, “corre el riesgo de desaparecer”, ha declarado la presidenta. “Estamos trabajando por sacar adelante una enmienda durante el trámite parlamentario que permita dar continuidad a las labores de análisis y actuación en el ámbito de la violencia doméstica y de género, que desempeña el Observatorio desde el año 2002.

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