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Recortes sociales

El Tribunal Constitucional español también tiene la última palabra sobre los recortes

  • El caso portugués no es único. Los partidos de la oposición en España han llevado al Tribunal Constitucional la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de tasas judiciales, la privatización de la Sanidad o el recorte de las pensiones
  • La eliminación de la paga extra a los funcionarios también fue recurrida, en este caso por los sindicatos, y sigue su trámite procesal en diferentes tribunales

Publicada 06/04/2013 a las 16:13 Actualizada 06/04/2013 a las 18:44    
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Magistrados del Tribunal Constitucional de Portugal.  ANDRE KOSTERS

Magistrados del Tribunal Constitucional de Portugal. ANDRE KOSTERS

Tal y como ha ocurrido en Portugal –donde el Tribunal Constitucional invalidó este viernes algunas de las principales medidas de los Presupuestos que están actualmente en vigor–, la Justicia española también tiene en su mano limitar el grueso de los recortes emprendidos por el Ejecutivo de Mariano de Rajoy desde su llegada a la Moncloa. Eso ocurrirá, claro está, si prosperan los recursos que, ante el TC, han presentado varias formaciones políticas. La eliminación de la paga extra a los funcionarios también fue recurrida, en este caso por los sindicatos, y sigue su trámite procesal en diferentes tribunales. 

Aunque las leyes recurridas son muy diferentes –van desde la reforma laboral a la amnistía fiscal, pasando por la privatización de servicios públicos, el recorte de las pensiones o la ley de tasas judiciales– y cada una tiene impugnaciones particulares, hay un argumento que se repite en casi todas ellas. El razonamiento es que, según los denunciantes, estas medidas quiebran el principio de igualdad a la hora de hacer frente a los sacrificios que exige la recuperación de la economía. Precisamente, el mismo principio del que se han servido los jueces portugueses para tumbar la retirada de las pagas extra a funcionarios y pensionistas. 

El pasado noviembre, el TC admitió a trámite el recurso presentado por PSOE y la Izquierda Plural contra la reforma laboral que puso en marcha Mariano Rajoy en febrero de 2012. Ambos grupos consideran que esta ley "altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales" construido a lo largo de las últimas tres décadas. En concreto, el recurso menciona nueve artículos. Entre ellos, el que establece el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores; el que otorga a los empresarios la posibilidad de modificar unilateralmente la cuantía de los salarios, la jornada laboral o los horarios; o el que recoge la preferencia absoluta e incondicional del convenio colectivo de empresa respecto a los regionales o sectoriales. Ambas formaciones también creen inconstitucional el artículo que defiende las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción para justificar el despido colectivo porque, a su juicio, "prescinde del elemento de causalidad" en la delimitación de esos motivos.

El 19 de marzo pasado, el TC también dio el visto bueno a debatir si la decisión del Gobierno de cambiar la ley para no compensar a los pensionistas por la desviación real de la inflación es acorde a la Constitución. El Gobierno aprobó una revalorización para este año un punto inferior al IPC (que fue del 2,9% en noviembre de 2012) para prestaciones de menos de 1.000 euros. El resto de pensiones, es decir, las que superan esa cantidad, sólo subieron un 1% en 2013. Los grupos que presentaron el recurso –PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD y PNV– consideran que el Gobierno vulneró de esta forma el derecho de los pensionistas porque, al privarles de esa compensación, se les resta parte de lo cotizado.

Los magistrados del Constitucional también tendrá que dirimir sobre si la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno vulnera por partida doble la Constitución, tal y como considera el PSOE, cuyo grupo parlamentario alegó ante el TC el pasado julio que es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad". Creen que esta medida coloca a un colectivo de "contribuyentes defraudadores" en una situación de "absoluto privilegio fiscal, que llega en ocasiones a neutralizar el deber de contribuir".

Los socialistas también llevaron al TC la ley de tasas judiciales impulsada por el Gobierno. Consideran que vulnera cuatro artículos de la Carta Magna. Entre ellos el que establece el derecho a la tutela judicial efectiva o el que delimita el principio de capacidad económica a la hora de fijar los tributos, pues los socialistas cuestionan, más que el modelo en sí, la cuantía de las tasas establecidas en cuanto creen que son excesivas y disuasorias.

La privatización de los servicios y recorte en gasto social también es uno de los asuntos que están encima de la mesa de los magistrados del TC. Los socialistas madrileños presentaron el pasado 27 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud. El Constitucional también estudia la petición de varios grupos del Parlamento de Navarra, que denuncian que los recortes en Educación y Sanidad invaden sus competencias autonómicas en ambas áreas. Estos recursos, admitidos a trámite en julio de 2012, son los primeros tenidos en cuenta por el Alto Tribunal de entre todos los promovidos por diferentes comunidades autónomas contra los tijeretazos en servicios públicos aprobados en mayo de ese mismo año por el Gobierno de Mariano Rajoy. 


5 Comentarios
  • 5 jha 07/04/13 15:36

    Lo que nos están robando no es el el estado del 'bienestar', es el de la 'Dignidad', lo mínimo que debemos tener como Españoles. Os propongo y os pido a todos que llamemos a las cosas por su nombre, porque es el Estado de la Dignidad lo que nos estan quitando: la Asistencia Educativa, la Asistencia Legal y Juridica, la Asistencia Sanitaria, la capacidad para ser competitivos (I+D+i), la capacidad de disponer de una vivienda digna (la especulación del suelo ha llevado a pisos de precios estratostéficos). Todo esto es pura Dignidad!!!

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  • 4 exit 07/04/13 14:05

    Me gustaría saber, por la GRAVEDAD del hecho, si en su denuncia incluyen la modificación del Código Penal, el recientemente aprobado artículo 305.6 , BOE 28 de diciembre, que permite a los defraudadores, especialmente a los de mayor rango, Barcenas, por ejemplo, evitar la cárcel tras pagar la deuda defraudada y una pequeña multa. Si legislar a favor del delicuente no es PREVARICAR, amén del insulto directo a los contribuyentes, ya no sé qué me queda por ver. Este artículo que entró en vigor a mediados de enero, supone que los Bárcenas, Gürtel, grandes defraudadores NO VAYAN A LA CÁRCEL. Esta noticia debería ser primera página y grandes titulares en toda la prensa, si no es así es que tenemos el país que nos merecemos. El pp no puede dinamitar el Estado de Derecho para favorecer a los suyos, especialmente la financiación ilegal de su partido.Tenemos a Alcapone al frente del país. ¿Pero dónde están los que no son pp?? ¿Por qué no se están batiendo el cobre por la justicia en este país??

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  • 3 George Pink 07/04/13 11:51

    Solo nos queda confiar que el TC, al igual que ha hecho en Portugal, les enseñe a este gobierno ilegítimo (sí, ilegítimo porque obtuvieron la mayoría absoluta mintiendo como bellacos) que con la democracia y los derechos adquiridos no se juega. No hemos luchado por más de treinta años para que ahora vengan los de 'antes' disfrazados para destruir lo conseguido. ¡Seurte tienen de que seamos una población pacífica y creamos en la justicia! Ojalá podamos decir adiós al PP y sus secuaces muy pronto (al igual que a algunos miembros del PSOE que deberían seguir el ejemplo de Benedicto y dimitir también)

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  • 2 ¿pensionista? 07/04/13 11:34

    Una pregunta sencilla: ¿Y si el TC sentencia en contra de las decisiones del Gobierno, ¿qué pasará con este gobierno?

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  • 1 Hechuro 06/04/13 21:23

    Aquí en España, 'Plasmaman' ni se inmutaría, aludiría a la responsabilidad (a la que lleva año y pico aludiendo para justificar su falta de legitimidad, al gobernar en contra del programa electoral que le llevó a la Moncloa), y no haría más que azuzar al podenco Montoro para amenazar a los Magistrados del T. Constitucional con cuestiones fiscales incumplidas (sean o no verdad)

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