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El PP veta las preguntas del PSM sobre los vínculos de la Comunidad con las empresas de Lamela

  • Los socialistas denuncian que los conservadores rechazaron en bloque sus 24 peticiones de información sobre los contratos adjudicados por el Gobierno regional a 10 compañías "relacionadas" con el exconsejero de Sanidad
  • El PP argumentó que las solicitudes eran "inconcretas", según relata el PSOE, que reformulará ahora sus iniciativas

Publicada 10/04/2013 a las 06:00 Actualizada 10/04/2013 a las 06:10    
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Manuel Lamela, el 2 de junio de 2006, cuando era consejero madrileño de Sanidad, durante una rueda de prensa.

Manuel Lamela, el 2 de junio de 2006, cuando era consejero madrileño de Sanidad, en una rueda de prensa por el caso de las sedaciones del hospital de Leganés.

EFE
Manuel Lamela protagonizó uno de los últimos casos de puerta giratoria entre la Administración pública y la empresa privada. El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid forma parte, desde 2010, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó el pasado 2 de abril la cadena Ser. El problema es que Lamela adjudicó ese centro, de naturaleza semipública, en su etapa como titular de Sanidad del Gobierno regional (2003-2007). Y ese es uno de los seis hospitales que el PP quiere ahora privatizar por completo

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha querido indagar algo más. Preguntar al Ejecutivo de Ignacio González si ha firmado contratos con 10 empresas "relacionadas" con Lamela entre los años 2009 y 2012. El PP, sin embargo, tumbó todas las peticiones el lunes por la tarde en la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid, como denunciaron ayer los socialistas. Sus 24 solicitudes de información fueron rechazadas por el PP, que las tachó de "inconcretas", siempre según el relato ofrecido por el PSM. 

Primero, un pequeño dibujo de la situación. En junio de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que presidía Esperanza Aguirre y del que formaba parte Lamela, adjudicó la construcción y explotación del hospital del Tajo a la agrupación de empresas Constructora Hispánica, Construcciones Sánchez Domínguez-Sando e Instalaciones Inabensa, por un plazo de 30 años y por un importe de 252,49 millones de euros. En 2007, Aguirre situó en Sanidad a Juan José Güemes y trasladó a Lamela a Transportes, hasta que este cayó en 2008.

Años después, el dueño de Hispánica, Alfonso García Pozuelo, imputado en la Gürtel, tuvo que vender su empresa, que en 2009 adquirió en su totalidad el grupo Essentium, que cambió toda la cúpula directiva y el capital de Hispánica y la convirtió en una nueva compañía, Assignia Infraestructuras. Unos meses después, en la primavera de 2010, Lamela se integró en el consejo de administración de Assignia, si bien la compañía precisó a Europa Press que el exconsejero le asesora en gestión de servicios no médicos para América Latina. Tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el actual consejero madrileño del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, defendieron la legalidad del paso de Lamela a la privada. La oposición, en cambio, se lanzó en tromba. 

"Todo lo que es incómodo lo bloquean"

Por eso el PSM se planteó tirar del hilo. La diputada Helena Almazán, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, registró el pasado 4 de abril en la Asamblea sus 24 peticiones de información al Gobierno regional sobre los contratos otorgados a 10 empresas "relacionadas" con Lamela. Son las siguientes: Peltrist SL (durante el año 2012), Business Assessment Plans and Projects Infraestructuras SL (en 2012), Business Assessment Plans and Projects Operaciones Corporativas SL (2012), Técnica y Proyectos SA (2011 y 2012), Essentium Grupo SL (2009 a 2012), Madrid Medical Destination SL (2011 y 2012), Inversiones Lamela Campos SL (2010 a 2012), Business-Assessment-Plans & Projects SL (2009 a 2012), Business Assesment Plans and Projects Healthcare SL (2010 a 2012) y Assignia Infraestructuras SA (2010 a 2012).

La Mesa de la Asamblea, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP, rechazó por completo las 24 solicitudes. Esas peticiones eran, argumentó la vicepresidenta primera, la conservadora Rosa Posada, "inconcretas", según narraba anoche el representante del PSOE en el órgano rector de la Cámara regional, Juan Barranco. "Es la vía que emplean para no calificarlas, es el no por sistema" que viene además "ordenado por arriba, por el Gobierno de González", añadió el diputado socialista. "Todo lo que sea incómodo, todo lo que tenga que ver con presunta corrupción, directamente lo frenan sin decir nada, la opacidad es total. Y otras veces mienten, como cuando nos dijeron que no tenían asesores de seguridad y después resulta que figuraban en los Presupuestos regionales", ampliaban fuentes de la cúpula del PSM.

Almazán ahora reformulará sus iniciativas y seguirá "insistiendo" hasta que el Gobierno "conteste", previno Barranco, presidente del PSM y vicepresidente segundo de la Asamblea. No obstante, no es la primera vez que los socialistas condenan el "bloqueo" impuesto por el PP en la Cámara. La semana pasada, por ejemplo, los conservadores no dejaron que pasara a pleno una pregunta de los socialistas sobre el uso que hizo González de los servicios jurídicos de la Comunidad para defenderse de una "intromisión ilegítima de su imagen". 

 





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