La PAH recurrirá las multas e IU pide explicaciones a Interior

Los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han anunciado este viernes que recurrirán las sanciones que imponga la Delegación de Gobierno por participar en escraches en Madrid. "Es una acción legal. No se ha vulnerado la ley, no ha habido ni violencia, ni intimidación, ni coacciones", ha asegurado uno de los letrados de la plataforma en declaraciones a Europa Press.

La PAH también ha señalado que es fundamental que se respete el derecho de reunión, y ha acusado a las autoridades de intentar amedrentar a los activistas: "La represión a los movimientos sociales es evidente", han añadido.

Hasta ahora, la Delegación del Gobierno en Madrid ha propuesto un total de 26 sanciones por participar en actos de protesta convocados por la PAH. En concreto, se pretende multar a diecinueve personas identificadas junto al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y a siete asistentes a la convocatoria que tuvo lugar junto a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.

La cuantía de las sanciones que propone la Delegación oscila entre los 200 y los 1.500 euros. En total, y a raíz de ambas concentraciones, se han iniciado 5 expedientes por faltas graves a los considerados promotores u organizadores y 16 más por faltas leves.

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Tras conocerse la propuesta de la delegación de Gobierno, el portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, explique qué medidas se han adoptado contra los escraches y el motivo de las sanciones propuestas por la Delegación del Gobierno. A juicio de Llamazares, las multas limitan el derecho de manifestación de los ciudadanos.

Según ha escrito el diputado de Izquierda Unida (IU) por Asturias a través de su cuenta de Twitter, se hace necesaria la presencia de Fernández Díaz en el Congreso porque cree que se están utilizando los perímetros de seguridad y las sanciones "como criminalización de derechos".

"No son 300 metros. La consigna de Ministerio del Interior son, al menos, 300 euros para impedir el derecho de manifestación", ha añadido Llamazares en Twitter.