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Desahucios

Un magistrado critica por “ideológico” el decreto andaluz antidesahucios

José Luis Requero

INFOLIBRE

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Requero, considera que "había otras soluciones" en relación al decreto andaluz sobre desahucios aprobado por la Junta la semana pasada.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Requero ha apuntado que había "soluciones más suaves, que dan lugar a menos titulares periodísticos" sobre este tema y se plantea hasta qué punto una comunidad autónoma puede regular el derecho a la propiedad. En su opinión, una comunidad puede adoptar medidas puntuales de expropiación, pero no regular un aspecto que debe ser común para toda España.

El juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que "acudir a una medida coactiva, perdiendo la propiedad aunque sea por tres años, supone una lectura ideológica". "Este decreto ley opta por una medida que tiene un calado ideológico indudablemente que es directamente acudir al derecho de propiedad cuestionándolo o delimitándolo mediante la expropiación y la sanción", ha insistido.

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Según Requero, uno de los principales impedimentos de este decreto ley es que regula aspectos que abarcan el derecho a la propiedad, lo que en su opinión, la norma será diferente en un territorio que en el resto de España.

El magistrado afirma que la Constitución trata este derecho y especifica cuáles son sus contornos y su contenido. En su opinión, la Carta Magna define qué es la propiedad y como tal, quien la regula es el Estado y no las comunidades autónomas "porque entonces se es propietario de diferente manera en un sitio o en otro en función de donde viva cada españolito", ha remachado.

Además, ha advertido de que "España puede crear una situación donde el derecho de propiedad dé lugar a abusos" y que es necesario concretar los términos de exclusión social. "El decreto ley se preocupa de concretarlo. También lo concretaba, por ejemplo, el código de buenas prácticas de la banca en relación con las ejecuciones", donde se puede comprobar si las medidas excepcionales se aplican con rigor y no cayendo en el abuso, ha concluido.

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