Sindicatos y asociaciones de la sanidad madrileña cifran en 136 millones el coste extra de la privatización

Trece organizaciones de profesionales del sector sanitario, entre ellos la Asociación de Facultativos, la Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud, el Colegio de Enfermería y los sindicatos CCOO, UGT y Satse, han aunado posiciones en una carta conjunta dirigida al consejero de Sanidad de Madrid y en la que rechazan la privatización de la gestión de seis hospitales. Los autores de la misiva aseguran que ese proceso implicará un “gasto extraordinario de más de 136 millones de euros en un plan inicialmente justificado por el ahorro presupuestario”. Según la información difundida por la Asociación de Facultativos, la carta cuenta también con la firma de un representante del Colegio de Médicos de Madrid y de los Directores de Centros de Atención Primaria.

En su misiva a Lasquetty, las 13 organizaciones firmantes abundan en la faceta económica de la privatización y refutan los datos del consejero de Sanidad, quien en diciembre prometió entregar a los grupos opositores la ejecución presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, es decir, el gasto pormenorizado del presupuesto. Lasquetty no ha cumplido aún su promesa, con lo que resulta imposible verificar su aserto según el cual la privatización ahorrará un 20% del gasto público total en esos seis hospitales.

Con una huelga de un día a la semana ya convocada por la Asociación de Facultativos a partir del 7 de mayo, la carta apunta al corazón de la disputa entre partidarios y detractores de la privatización. "Estamos -escriben sus firmantes- en contra de la privatización de los Hospitales y Centros de Salud porque no es cierto que el modelo que se quiere aplicar sea más barato, porque no tiene como objetivo último garantizar la mejor asistencia para los ciudadanos, porque arriesga la formación de calidad, y porque hipoteca para muchos años y pone en peligro el futuro de todo el sistema madrileño de salud.

Los sanitarios sostienen que, lejos de producir un ahorro, el plan del Gobierno de Madrid encarecerá el gasto. La carta lo expone así: “Si ya la propuesta económica reflejada en la Ley de Acompañamiento del 27 de diciembre de 2012 de 441 euros por habitante no se correspondía con la realidad de los presupuestos asignados a dichos hospitales y constituía por ello un incremento del gasto de en torno a 70 millones de euros, el aumento en un 12% de la cápita recientemente publicada supondrá un incremento de otros 66 millones de euros extra”. 

Los autores de la carta se refieren a cómo entre los 441 euros de coste por habitante que, según Lasquetty, destinaría el Ejecutivo madrileño a cada hospital privatizado, y los 496,85 euros finalmente anunciados en el borrador del pliego de condiciones para la privatización hay una diferencia de casi 56 euros. Multiplicados por la población que atienden esos seis hospitales –más de 1,2 millones de habitantes-, el sobrecoste se sitúa en los 66 millones señalados por los sanitarios. Sumados a los 70 millones de exceso de gasto que, según las organizaciones del sector, ya entrañaba el plan original de privatización, el desfase total asciende nada menos que a 136 millones.

La misiva recalca que el borrador de los pliegos de condiciones preparados por la Consejería de Sanidad “no ofrece garantías suficientes para mantener un adecuado control de la calidad asistencial”. “Después de más de cinco meses de discusiones –prosigue el texto- está todo por hacer y la Consejería pretende iniciar la privatización de la gestión sanitaria de más de 1.250.000 madrileños sin tener operativos órganos independientes de control de la calidad asistencial de la que es responsable”.

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Respecto a la cláusula según la cual las empresas que obtengan la gestión de esos hospitales tendrán la obligación de mantener las actuales plantillas, los autores de la carta es “un brindis al sol”. ¿Por qué? Poque “la actual plantilla de los hospitales que se quieren privatizar ya tiene trabajo”, recuerdan a Lasquetty. 

“Han trabajado mucho –agregan- y de forma excelente para poner en marcha los nuevos hospitales, elevándolos hasta un altísimo nivel en términos de eficiencia y de calidad asistencial”. Para las organizaciones sanitarias, “la mejor garantía para su trabajo, y lo que ellos desearían, es que no se inicie esta arriesgada aventura sin garantía alguna de ahorro ni de mantenimiento de la calidad asistencial a la que gestores y profesionales de la sanidad estamos siendo obligados”.

El texto dirigido a Lasquetty se cierra con la misma petición que médicos y enfermeros vienen lanzando desde el otoño: "Que abandone la idea de la privatización y que acepte la implantación de un modelo de gestión, con la participación de todos los profesionales de la sanidad"