La crisis de la monarquía

La infanta también se opone a que el juez vea sus declaraciones de Hacienda

Los abogados de la infanta Cristina también han recurrido el auto por el que el juez del casp Nóos, José Castro, solicitó hace una semana a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de Hacienda del matrimonio Urdangarin-Borbón. Imputada por el juez José Castro e inicialmente citada a declarar para el próximo sábado, la comparecencia de la infanta ha quedado en suspenso hasta que la Audiencia de Palma se pronuncie sobre su imputación, lo que en principio ocurrirá el próximo 20 de mayo. Tanto Urdangarin como su esposa se han adherido al recurso del fiscal Pedro Horrach. Los abogados de la infanta aducen que Cristina de Borbón no tenía por qué vigilar la legalidad de las ONG en que participaba -en este caso, Instituto Nóos- y sostienen que los jueces deben tener especial cuidado a la hora de imputar a personas vinculadas a instituciones centrales del Estado.

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Con su recurso contra la petición de declaraciones de Hacienda, la hija del rey secunda a su marido, que también se ha opuesto a la pretensión del magistrado bajo el argumento de que lanzó su solicitud sin preguntar previamente a las partes personadas en el caso. El juez, y así lo han subrayado fuentes jurídicas, no está obligado a consultar previamente con las acusaciones y defensas los autos en los que solicita información directamente ligada a las investigaciones.

Que la pareja se haya opuesto al unísono a la posibilidad de que el juez acceda a sus declaraciones de IRPF se produce cuando la Agencia Tributaria tiene todavía pendiente de envío el informe sobre el llamado levantamiento del velo de la trama Nóos. En ese informe, Hacienda deberá señalar a cuánto ascienden los impuestos que los responsables de Instituto Nóos y sus empresas satélite tendrían que haber satisfecho aplicando la premisa de que la asociación no era una ONG. La gran incógnita reside en saber si el informe afectará a la infanta o solo a Urdangarin y Torres. Lo que parece fuera de duda es que ese informe elevará la cifra supuestamente defraudada al fisco. Por el momento, a Urdangarin y Torres se les atribuye haber evadido casi medio millón de euros.

Ambos están ya imputados por delito fiscal además de por otros delitos de corrupción cuya concreción se formulará cuando finalice la instrucción. Se da por seguro que malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental conformarán la panoplia delictiva. Queda la incógnita de si finalmente se incorporará a la acusación un delito de blanqueo de capitales vinculado a la evasión de fondos al extranjero.

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