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Cataluña

El PSC pide que la Constitución regule la financiación autonómica y las consultas

  • Plantea acabar con los "resultados discriminatorios" entre el sistema de régimen común, como el catalán, y el concierto económico vasco
  • El documento avala la necesidad de mejorar los recursos que tiene actualmente Cataluña limitando el actual mecanismo de solidaridad territorial
  • Propone que la Constitución “clarifique las competencias en materia de referéndum y consultas"

infolibre Publicada 03/05/2013 a las 20:23 Actualizada 03/05/2013 a las 22:00    
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Pere Navarro, en rueda de prensa en el Parlament de Catalunya.  EUROPA PRESS

Pere Navarro, en rueda de prensa en el Parlament de Catalunya. EUROPA PRESS

El PSC ha elaborado un documento interno que expone su propuesta de reforma de la Constitución que plantea que esta regule la financiación autonómica y las "singularidades" de comunidades como Cataluña. Los socialistas catalanes presentan sus propuestas en un documento de trabajo elaborado por la fundación del partido Rafael Campalans y en el que han participado Carme Chacón, Miquel Iceta, Jaume Collboni, Francesc Vallès, Joaquín Tornos, Xavier Arbós, Meritxell Batet y Eduard Roig.

Fuentes de la dirección del PSC han aclarado que se trata de un documento de trabajo abierto para fomentar el debate, y que se presentará en los próximos meses tanto en el seno del PSC como del PSOE, que también es partidario de la reforma de la Constitución. El texto lo firma la fundación del partido, la Rafael Campalans, presidida por Iceta, a la que encargó el estudio

Sobre financiación, la propuesta del partido que lidera Pere Navarro reivindica acabar con los "resultados discriminatorios" entre el sistema de régimen común, como el catalán, y el concierto económico vasco y navarro. Según el PSC, deben constitucionalizarse una serie de principios que articulen la financiación autonómica: la suficiencia de recursos, bilateralidad y multilateralidad, la autonomía en la recaudación mediante consorcios Estado-comunidad, y que, después de la solidaridad interterritorial, no haya autonomías que pierdan posiciones en un ránking de comunidades según el principio de ordinalidad. El PSOE también ya se manifestó partidario de que la Carta Magna recogiera los principios vertebradores de la financiación de las CCAA

El documento recoge lo expresado hasta la fecha por Navarro, que es contrario al concierto económico que en su día reclamó el Parlament con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA, pero avala la necesidad de mejorar los recursos que tiene actualmente Cataluña limitando la solidaridad territorial. La propuesta alude en varias ocasiones a las reivindicaciones soberanistas destacando la necesidad de promover un nuevo consenso constituyente porque, de lo contrario, algunas nacionalidades "podrían desear iniciar un camino separado".

No se contempla el derecho a decidir

La propuesta de reforma del PSC no contempla el derecho a decidir de Cataluña (punto vital de discrepancia con el PSOE), ya que como argumentó Navarro en su día, las constituciones no deben recoger esta cuestión, aunque tampoco prohibirla expresamente. Pero plantea que la Constitución “clarifique las competencias en materia de referéndum y consultas”. Y añade que esta debe asumir "la posibilidad de consultas de carácter territorializado, modificando a ese respecto el actual artículo 92” de la Carta Magna. El documento del PSC es una reflexión amplia que no recoge propuestas concretas de articulado, pero que sí destaca la necesidad de "reconocer las singularidad de algunas comunidades autónomas al proceder al reparto de competencias".

Así, se plantea reconocer "competencias diferenciadas", por ejemplo, a Cataluña y el País Vasco en materias como la organización territorial, seguridad, tráfico y circulación, educación, justicia y acción exterior. El PSC opta por una reforma profunda del actual marco constitucional, hasta el punto que plantea que la definición de España como Estado federal se incluya en el artículo uno de la Constitución y se revise el proceso de reforma de esta. Algo que camina en línea con lo propugnado por la dirección federal del PSOE

Otra revisión a fondo que se recoge en el documento es la del Senado, que se estructuraría como una Cámara verdaderamente territorial y no de segunda lectura, y en la que tendrían presencia representantes de los Gobiernos autonómicos. El objetivo sería convertir el Senado en un Consejo Federal en el que cada comunidad tendría un mínimo de tres miembros al que debería añadirse otro miembro por cada millón de habitantes: Cataluña tendría 10 en total y Andalucía, 11.




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