La salida de la crisis
IU quiere que se garantice a los trabajadores una formación pagada o una renta básica
Izquierda Unida lo define como una "nueva prestación del Estado social". Y tiene, dice, una "importancia estratégica" en una sociedad cada vez más empobrecida por los efectos de una crisis devastadora. Lo llama garantía de seguridad profesional. Un nombre algo ampuloso para describir un nuevo derecho: que el Estado "asegure a todo trabajador o trabajadora un empleo o una formación remunerada o una renta básica". Es, sin duda, la puesta en marcha de un "nuevo pilar del Estado del bienestar", como reconoce el secretario federal de Política Económica y Empleo, José Antonio García Rubio.
La medida pasó ayer lunes casi desapercibida en la presentación que Cayo Lara hizo del resumen de propuestas para la creación de empleo, 22 medidas que nuclearán la intervención del coordinador ante Mariano Rajoy mañana miércoles en el Congreso. El líder no la desarrolló y se centró en el gran objetivo marcado por la federación para los próximos tres años: reducir la tasa de desempleo al 12% y crear 3,4 millones de puestos de trabajo. Pero esa iniciativa sí que está ampliada en el documento completo que IU ha elaborado de cara a la sesión de mañana, Una estrategia urgente para la creación de empleo, un texto de 21 páginas al que ha tenido acceso infoLibre.
"El Estado garantizará trabajo, seguro de desempleo, subsidio o formación a toda la ciudadanía. Frente al concepto de flexiseguridad, oponemos una auténtica seguridad salarial y profesional". La propuesta es de muy largo aliento y de enorme envergadura, porque al fin y al cabo se trata de implementar un quinto pilar del Estado del bienestar, aparte de educación, sanidad, pensiones y dependencia. ¿Es una iniciativa osada para una España crucificada por los recortes de gasto público? Como explica García Rubio, se trata de garantizar "un medio de vida", "una red mínima de subsistencia", algo de lo que "vivir" a los parados de larga duración que no tienen ya ninguna prestación (más de dos millones), a las personas que están en riesgo de exclusión social o que se encuentran directamente sumidas en la pobreza. IU piensa igualmente en los 6,2 millones de parados y en los 1.906.100 hogares en los que todos sus miembros están sin trabajo, según datos de la última EPA.
Para evitar una mayor precarización
La federación presenta la propuesta en su documento pero no cuantifica el coste. No lo hace, precisa García Rubio, porque esa medida está abierta a la discusión con colectivos sociales y sindicatos antes de que se traduzca en una moción parlamentaria. Falta por afinar la cantidad que los beneficiarios podrían cobrar –en cualquier caso, inferior al salario mínimo, hoy establecido en 645,30 euros–, cómo se genera esa bolsa de dinero... IU, por ejemplo, cree que podría ser un buen sistema que haya una cotización social de solidaridad, igual que hoy se retiene de las nóminas de los trabajadores una parte para paro o pensiones. En todo caso, se haría incompatible cobrar a la vez la renta básica y un salario o cualquier otra prestación. IU insiste en que el sistema es, no obstante, más complejo que una mera renta mínima (implantada ya en algunas comunidades autónomas), porque se trataría de asegurar en todo el Estado que todo ciudadano disponga de empleo, o formación pagada o un pequeño ingreso. "Es creerse otro papel del Estado y de lo público", mucho más intervencionista.
La medida está importada de Francia, del Front de Gauche (el homólogo de IU), pero no está implantada tal cual "en ningún país" aún, puntualiza el responsable de Economía y Empleo. La federación la incorporó en sus documentos de la X Asamblea, el pasado diciembre. ¿Qué ventajas tendría? "Evitaría que los parados se convirtieran en un ejército de reserva" que devalúa los salarios, haría que el trabajo "no se precarizara" y que los desempleados no aceptaran cualquier puesto "de miseria" para recibir un mínimo ingreso. "No desincentivaría la búsqueda de trabajo, lo que conseguiría es que no empujaría a la gente a coger cualquier trabajo a la desesperada por un sueldo de risa", explica a este diario.
Viviendas, empleos verdes, salario mínimo de 1.100 euros...
La garantía de seguridad profesional no coloniza ni mucho menos el documento. Contempla y concreta otras muchas medidas que se extractan a continuación. Todas, eso sí, diseñadas con el fin de demostrar que "hay alternativas" distintas a las del Ejecutivo (y las que en su día aplicó José Luis Rodríguez Zapatero) y que "hay esperanza".
- Programa de empleos verdes, con planes específicos de reforestación y desarrollo de las industrias y servicios ligados a una explotación forestal sostenible (lucha contra incendios, mitigación del cambio climático, mejora de la calidad de las aguas, generación de biomasa...). El objetivo es que la financiación alcance los 10.000 millones y se creen 300.000 puestos de trabajo. A ello se podrían sumar otros 150.000 empleos en la instalación de 500.000 techos solares en tres años.
- Medidas de apoyo a la rehabilitación integral de viviendas (en España hay 13 millones de viviendas con más de 30 años de antigüedad, según IU), una iniciativa pertinazmente presentada por la federación. Las ayudas ascenderían a 5.000 millones en el trienio 2013-2015.
- Reforzamiento de los servicios públicos. Aquí IU propone varias cosas: recuperar el 100% de la tasa de reposición del empleo público, crear 100.000 puestos con el desarrollo pleno de la Ley de Dependencia, contratar a 30.000 profesores para el curso 2013-2014 para apoyar la educación infantil de 0 a 3 años, contratar a otros 20.000 sanitarios y dotar de más medios humanos a la Agencia Tributaria.
- Dar subvenciones a las pymes de menos de 20 trabajadores que contraten a más personal por reducir la jornada a su plantilla de 40 a 35 horas semanales. Importe: 10.000 millones de euros durante el periodo.
- Garantizar que los bancos nacionalizados concedan crédito para la economía real por valor de 40.000 millones de euros. La propuesta tiene la misma finalidad que la planteada por el PSOE, que haya crédito para familias y empresas, pero la articulación es distinta. Los socialistas quieren que se utilicen los fondos sobrantes del rescate financiero (no se utilizaron 60.000 millones del tope de 100.000). IU, que las entidades que han recibido ayudas públicas pidan dinero al Banco Central Europeo (BCE), que se lo prestaría al 0,5%. Ello comportaría la ventaja, para la federación, de que no se genera más deuda ni déficit ya que quien pide recursos son los bancos, no el Estado.
- Incremento del presupuesto público de I+D+i hasta la media de los países de la zona euro.
- Generalizar a toda España el decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía, que cogobiernan PSOE e IU. Utilizar 50.000 pisos del banco malo para la creación de un fondo de viviendas de alquiler social, a un precio de 300 euros al mes.
- Derogar las reformas laborales y recuperar "el valor de la negociación colectiva". IU saca a relucir su alternativa, ya planteada en más ocasiones: considerar los contratos indefinidos como la base del sistema, hacer que los trabajadores participen en la gestión de las empresas de más de 250 empleados y en los organismos de las Administraciones Públicas.
- Aumento del salario mínimo a 1.100 euros al mes y aumento de las pensiones más bajas.
- Exigir la aprobación de la mutualización de la deuda pública de los países de la zona euro (los eurobonos).
- Habilitar fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la inversión en proporción directa con la tasa de paro y la de desempleo juvenil por un importe de 120.000 millones, de los que IU calcula que corresponderían a España "al menos 25.000".
- Plan de empleo y formación financiado por el Estado y con la colaboración de los ayuntamientos para así recualificar a los parados de larga duración. Una iniciativa con la que IU lleva insistiendo desde hace años. Los desempleados trabajarían 20 horas y se formarían otras 15 y cobrarían 700 euros netos al mes.
60.000 millones de euros de ingresos
¿Y cómo se financia todo esto? IU calcula que en este paquete de medidas –aparte queda la garantía de seguridad profesional– costaría 60.000 millones de euros de aquí al final de legislatura, más los recursos que vinieran de Europa y que captase la banca nacionalizada. Se cubrirían, básicamente, con medidas tributarias urgentes y un plan de lucha contra el fraude, contra los paraísos fiscales y contra la economía sumergida. En el pack entrarían la subida del Impuesto de Sociedades al 35% para las empresas que obtengan al menos un millón de euros de beneficio, limitar el conjunto de exenciones y ventajas fiscales de las compañías al 5%, implantar un Impuesto sobre las Grandes Fortunas, modificar la legislación de las sicav, aplicar el impuesto a las transacciones financieras, elevar la tributación de los artículos de lujo y sumar los ingresos del trabajo y los del capital en una misma base imponible.
IU reconoce que su plan supondría dos puntos anuales de impacto sobre el PIB, pero hay que considerar los retornos por ingresos (IVA, IRPF) y de cotizaciones a la Seguridad Social, a lo que se sumaría, cree, el estímulo de la demanda, del consumo y de la economía real.
IU concluye su texto recordando que es una "propuesta esencialmente para los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía", para explicar que "es posible otra política, y que se puede crear empleo". Que la democracia "no puede permitir" una cifra de 6,2 millones de parados. Recuerda –y recordaba también esta mañana por enésima vez el primer portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella– que el Gobierno de Mariano Rajoy "no tiene ningún derecho a abandonar la lucha" contra el desempleo ni a dejar el país que como lo cogió. "O gobierna o dimite y convoca elecciones generales", dice, piedra de toque de la campaña de IU para empujar hacia la salida del Ejecutivo.
Este plan completo, a partir del debate de mañana en el Congreso, será troceado en varias mociones parlamentarias. Una de las primeras, calcula García Rubio, será precisamente la que aborde el quinto pilar del Estado del bienestar, la garantía de que todo español tenga un mínimo sustento que echarse a la boca.
