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Ley de Costas

Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso contra la Ley de Costas

  • Los activistas fueron desalojados rápidamente por la Policía tras subirse al Congreso por medio de un andamio
  • Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado directivas europeas

infolibre Publicada 09/05/2013 a las 09:56 Actualizada 10/05/2013 a las 00:09    
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Activistas en el tejado del Congreso

Activistas en el tejado del Congreso

Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso contra le Ley de Costas.

Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso contra le Ley de Costas.

EUROPA PRESS
Activistas de Greenpeace se han encaramado este jueves al techo del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer "El PP vende nuestras costas". Los activistas han sido desalojados rápidamente por la Policía.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dejó por la tarde dejado en libertad a los ocho activistas. El magistrado impuso a los arrestados, a los que se atribuía la comisión de un delito contra altos organismos de la nación, comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios. Remitirá además, un oficio al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que le informe si se ha alterado el normal funcionamiento de la cámara alta.

Horas antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Para acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, consiguieron subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro. Los agentes trataron de bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron subir a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo.

Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

Menos protección ambiental

A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización. Sostiene que dicha desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.

En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal.

La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

Falta de rigor

"Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque admite que la enmienda se corrigió en el último momento.

"Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", afirma la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La organización ecologista tampoco comprende que se apruebe una reforma que carece de una memoria económica capaz de analizar con rigor el coste económico que esta va a suponer, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado. "Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado.

Acudirán a la Comisión

Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.


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