Matas admite que acordó con Arenas un sueldo de 21.000 euros cuando dejó de ser ministro

El expresidente de Balears Jaume Matas ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que en 2003 acordó con el entonces secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, un sueldo de 21.000 euros netos en cinco meses cuando dejó de ser ministro de Medio Ambiente y pasó a ser candidato a la Presidencia de Balears, informaron fuentes jurídicas.

Matas, que ha declarado durante menos de una hora como testigo en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha defendido que el partido le puso en nómina cuando dejó de percibir sus ingresos como miembro del Gobierno.

El exdirigente conservador, condenado a seis años y dos meses por el caso Palma Arena, ha entregado al juez Ruz una copia de su declaración de renta de 2003 y unos apuntes de su cuenta bancaria en la que aparecen estos ingresos, que, según ha recalcado, se realizaron siempre "por transferencia" y abonando las correspondientes retenciones a Hacienda.

Matas ha explicado que el PP le pagó 3.723,83 euros en marzo de 2003, 4.296,74 en abril, 10.518,12 en mayo y 2.808,28 en junio, aunque no ha sabido explicar ante el juez a qué se debía esa fluctuación en sus ingresos que, según ha dicho, eran muy aproximados a los que percibía como ministro.

También ha sostenido ante el juez que esta práctica era "habitual" en el partido para los altos cargos que dejaban de cobrar un sueldo y que su retribución la negoció únicamente con Arenas. "No creo que lo consultara con nadie porque tenía autoridad más que suficiente", ha señalado el compareciente, según las citadas fuentes presentes en la declaración judicial.

El expresidente sin embargo, ha negado el apunte contenido en los papeles de Bárcenas en el que figuraba una entrega de 8.400 euros a su nombre, fechada en abril de 2003, con el concepto "para piso".

El argumento que ha dado Matas es que, tras dejar de ser miembro del Gobierno de España, abandonó el piso del Ministerio en el que vivía y tuvo que alquilar una vivienda en la calle Goya de Madrid porque su mujer trabajó en Madrid hasta 2005 y su hija estaba estudiando.

El testigo, que ha asegurado que nunca pidió una ayuda para el alquiler aunque fue uno de los argumentos que utilizó para que le pusieran en nómina, ha entregado al juez el contrato de alquiler del piso. Según fuentes de la acusación presentes en la declaración, el alquiler del piso se elevaba a 4.200 euros al mes, de forma que podría alcanzar los 8.400 al sumar otro mes en concepto de fianza.

En otro momento de la declaración Matas ha sido preguntado por su relación con los ocho constructores que han sido imputados en el marco de esta causa como supuestos donantes del PP. Ha indicado que sólo conocía al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, porque estaba al frente del Colegio de Ingenieros y presentaron en su sede el Plan Hidrológico Nacional.

En esta causa están imputados, además de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, nueve supuestos donantes del PP que aparecían en los manuscritos publicados por el diario 'El País' el pasado 31 de enero, ocho de los cuales son empresarios de la construcción.

Por su parte, el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha afirmado que la palabra "sobresueldo" tiene un sentido "peyorativo" y ha afirmado que "una retribución dentro del PP" a cargos de la dirección era "perfectamente compatible con las retribuciones del Parlamento".

"Había personas que ejercían funciones dentro del PP, que eran diputados y al mismo tiempo ejercían funciones de secretario de área que tenían una retribución dentro del PP, y era perfectamente compatible con las retribuciones del Parlamento", ha expuesto, en declaraciones a los periodistas tras comparecer como testigo durante una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como testigo en el marco de la investigación de los papeles de Bárcenas.

En su opinión, "hablar de sobresueldos del PP habría que matizarlo, son retribuciones, o pueden ser gastos de representación también, y la ilicitud no existe por ningún lado".

Además, el exdiputado del PP ha considerado "manifiestamente imposible" que la dirección nacional del Partido Popular "haya condicionado en algún lugar la concesión de una obra pública o de alguna licencia para obtener una donación anónima".

En este sentido, se ha preguntado si "todas las mesas de este país acaso son corruptas, si todos los que han recibido una obra pública han dado financiación ilegal y si han cometido delito de cohecho". "Entonces medio país estaría entre rejas", ha sostenido Del Burgo, para subrayar que eso es "bastante dudoso" y romper "una lanza por la honestidad del PP".