El Parlamento asturiano lleva al Congreso las reivindicaciones del 15-M

El Parlamento asturiano aprobó este viernes, 24 de mayo, una propuesta elaborada por la plataforma Por la democracia directa, vinculada al Movimiento 15-M, que insta a la Cortes Generales a modificar la Constitución. El objetivo es eliminar las restricciones a las iniciativas legislativas populares (ILP) y convertir los referendos en vinculantes cuando concurran determinadas circunstancias  En palabras del portavoz de Izquierda Unida (IU), Ángel González, se trata de "reforzar la democracia en unos tiempos en los que parece tambalearse".

Según explicó González, IU decidió llevar al pleno de la Junta General del Principado la iniciativa del 15-M después de que personas vinculadas a la plataforma la registrasen inicialmente en la Comisión de Peticiones de la Cámara sin lograr que llegara a debatirse. "A finales del año pasado nos reunimos con Por la democracia directa les propusimos que nuestro grupo presentase esta propuesta de modificación de la Constitución", señaló González. "En ningún caso tratamos de apropiarnos de la propuesta, sino de estar con la gente, y a ellos les pareció bien", añadió.

En declaraciones a infoLibre, Ángel González apostó por que Izquierda Unida siga defendiendo reivindicaciones "del colectivo 15-M y de cualquier entidad ciudadana en los diferentes Parlamentos, siempre y cuando no sean completamente contrarias al programa de IU". El texto llegó así al pleno de la Cámara, poco después del segundo aniversario del 15-M. La propuesta, defendida por IU y a la que también se sumaron PSOE y UPyD, busca eliminar todas las restricciones sobre las materias acerca de las que pueden presentarse ILP, ya que hoy por hoy no está permitido abordar por este mecanismo cuestiones como el sistema tributario o los tratados internacionales.

En lo que afecta a los referendos, se propone que puedan convocarse no sólo a propuesta del presidente del Gobierno, como en la actualidad, sino también a iniciativa del Congreso, el Senado, de tres parlamentos autonómicos o de 500.000 electores. Si la iniciativa se aprobase en sus términos actuales, el resultado de las consultas populares pasaría a ser vinculante siempre y cuando se diera una participación de más del 50% y un porcentaje de voto positivo superior también al 50%.

Críticas de la derecha, por propuesta ligada a los "antisistema"

Durante el debate parlamentario, González destacó que desde la aprobación de la Constitución sólo se han celebrado dos referendos y que de las 92 ILP que se han intentado impulsar se han inadmitido o rechazado noventa. Dos se empezaron a tramitar recientemente. "Una es la reguladora de la dación en pago, de cuya suerte parlamentaria son ustedes conocedores [ya concluyó su tramitación], y la otra es la que regula la fiesta de los toros, que ha sido la única que ha sido tomada en consideración en su integridad", dijo. "Es decir, que estos dos instrumentos de participación ciudadana no han servido para casi nada, ya que aún cuando hay referendos estos no obligan al Gobierno", remachó.

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El Partido Popular (PP) y Foro Asturias se opusieron a la iniciativa. Cristina Coto, de Foro, defendió que su grupo ve "con absoluto respeto la iniciativa, pero que cree innecesaria la generalización de los referendos vinculantes". Según Coto, la propuesta convertiría el modelo en un "sistema asambleario casi directo" en el que "no habría días suficientes al año para plantear referendos", Por su parte, el portavoz del PP, Matías Rodríguez, aseguró que la propuesta proviene de una minoría "vinculada a grupos antisistema", que pretende suplantar a la mayoría de la cámara estatal y que "no es el lugar ni el momento", informa Europa Press.

La de este viernes es la primera ocasión en la que un Parlamento autonómico insta una modificación de la Constitución española a través del mecanismo previsto en su artículo 87, que establece que "las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley".

De acuerdo con el procedimiento legal, la Cámara asturiana tendrá que enviar a tres de sus representantes al Congreso de los Diputados para la defensa del texto. Ángel González destacó que, a pesar de que no hay una fecha ya establecida para el debate parlamentario en las Cortes Generales, "todo lo que entra hay que tratarlo", por lo que la discusión llegará inevitablemente al Parlamento nacional y obligará a los grupos políticos a posicionarse.