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Referéndum

El PSC prioriza su plan de reforma constitucional sobre la consulta

  • Los socialistas catalanes presentan en Madrid su documento de revisión de la Carta Magna en clave federal que llegará al Consejo Territorial del PSOE. Sobre el referéndum, insisten en que deberá ser acordado con el Estado
  • El PSC plantea que en el Senado se sienten los Gobiernos autononómicos, que se consagre la asimetría competencial, que se descentralice la Justicia o que la Carta Magna garantice unos principios mínimos del sistema de financiación

Publicada 29/05/2013 a las 23:42 Actualizada 30/05/2013 a las 00:30    
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Pere Navarro aluda a Carme Chacón, a su llegada ayer miércoles al acto de presentación del documento del PSC.

Pere Navarro aluda a Carme Chacón, a su llegada ayer miércoles al Congreso al acto de presentación del documento del PSC.

EFE
Durante una hora, ni mención hubo al derecho a decidir. El PSC se había trasladado ayer miércoles a Madrid para presentar su propuesta Por una reforma constitucional federal, elaborada por su fundación, la Rafael Campalans, presidida por Miquel Iceta. El partido se detuvo en detallar a los periodistas en el Congreso los puntos claves de su documento de trabajo, el que se someterá a debate en el Consejo Territorial del PSOE de principios de julio, pero no esgrimió de primeras su defensa de una consulta soberanista legal y acordada con el Estado. Se refirió a ella ante las preguntas de los medios, pero siempre remarcando que no es el asunto prioritario, ni el asunto medular de su propuesta. El PSC no renuncia al referéndum –principal foco de discrepancia con el PSOE–, pero sí lo orilla porque considera que no cabe destacarlo en un texto "pensado para buscar la convivencia de los españoles", no la secesión de una parte, según apuntaron fuentes del partido. Una posición desde luego más tibia que la de IU, ICV y EUiA, que justo ayer sellaron también en el Congrreso su compromiso de defensa del derecho a decidir

La mención a la consulta, de hecho, es mínima en el documento de la fundación, de 42 páginas. Apenas cinco líneas. Se dice que, manteniendo "la actual configuración" del artículo 149. 1. 32ª de la Constitución –el que habla de los plebiscitos–, se debería "asumir claramente la posibilidad de consultas de carácter territorializado, modificando a este respecto el artículo 92" de la Carta Magna. Desde el partido reconocieron que no figura "el derecho de autodeterminación, el derecho de secesión". "Nadie sabe qué quiere decir exactamente derecho a decidir. De hecho, se va a constituir una comisión en el Parlament para saber qué es. No tiene siquiera una traducción al inglés, no es una figura reconocida en el Derecho Internacional".

De modo que la única puerta que abre el PSC es la de las citadas "consultas territorializadas", que siempre deberán ser convocadas por el Estado, como hasta ahora ocurre con cualquier referéndum. Por tanto, tampoco se contempla que la decisión de una comunidad –en este caso, de Cataluña– sea "unilateral". No obstante, esa idea de las "consultas territorializadas" no convence a Ferraz, porque entiende que es un modo de disfrazar el derecho a decidir, informa Europa Press.

"Lo que nos preocupa es buscar respuesta a los problemas y lanzar una propuesta a los ciudadanos. Esta es una propuesta para quedarnos, no para irnos, sobre la base de un nuevo acuerdo", refrendaban fuentes del PSC. ¿Pero y la consulta? ¿Qué pasa con ella? ¿El partido se olvida de ella? No. La formación se aferra a su defensa de una consulta "legal y acordada con el Estado", pero esa discusión, muy viva en Cataluña, camina de forma separada al documento de la Campalans que debe llegar al Consejo Territorial. "Sí, se puede entender que soslayamos el tema del referéndum, porque nuestra propuesta genuina es la de la reforma de la Carta Magna", afianzaba un alto cargo del equipo de Navarro. "Muchos utilizan el derecho a decidir como una fórmula para acceder al derecho de autodeterminación que no tienen. Nuestra prioridad es esta propuesta de reforma constitucional, y no la consulta", señalaba otro veterano dirigente del PSC. Un diputado catalán en el Congreso abundaba: "No es que lo hagamos para no cabrear al PSOE, es que esta propuesta es para quedarnos". 

"Fuera de la ley, no hay democracia"

Tras la reunión con los periodistas, el PSC presentó oficialmente en Madrid, también en el Congreso, su texto, ante una nutrida representación de diputados del partido –entre ellos, Carme Chacón, una de las que participaron en la redacción– y de dirigentes del PSOE como Antonio Hernando o Soraya Rodríguez. Navarro aseguró que "hay muchas maneras" de que los catalanes puedan decidir sobre su futuro, "a través de elecciones, consultas, votando constituciones y estatutos o promoviendo reformas legales que deban ser refrendadas por la ciudadanía". El primer secretario reiteró que "se equivocan gravemente" quienes piensan que pueden promover plebiscitos "sin amparo legal alguno". "Fuera de la ley, no hay democracia", zanjó. 

El PSC no pretende que el asunto del derecho a decidir monopolice la discusión del Consejo Territorial, reunión en la que Alfredo Pérez Rubalcaba citará a sus barones para articular una propuesta de modelo de Estado. El acento estará puesto en las reformas que necesita la Constitución. Y ahí sí cree que el terreno será fértil para el acuerdo. Fuentes del PSC apuntaron que "en un 80%" hay "coincidencias" con las propuestas planteadas por otras federaciones del PSOE. Incluso el documento redactado por Ferraz, y encargado al exministro Ramón Jáuregui, y el hecho de que el partido entienda que se debe caminar a una España federal son un "magnífico punto de partida". A lo que aspira el PSC es a que se llegue a un documento de mínimos pactado por todas las federaciones, texto que muy probablemente será más vago que el de la Campalans en aras del consenso. 

En cuanto a las propuestas concretas, aquí están algunas de ellas: 

  • Definición de España como "Estado federal".
  • Definición de España, además, como una "nación que contiene naciones, nacionalidades y regiones". Un rótulo que no convence al PSOE, informa Europa Press. 
  • Asimetría competencial. El PSC quiere que la Constitución establezca las competencias del Estado (todas las demás corresponderían a las comunidades autónomas) y que se consagre la asimetría competencial para varias comunidades en función de diversos criterios (como los derechos históricos o los hechos diferenciales, como la lengua). Como todas las competencias estarían en la Carta Magna –con el detalle de cuáles tiene cada autonomía–, los estatutos se encargarían básicamente de decir cómo se organiza internamente la comunidad, y su aprobación no requeriría de la tramitación en el Congreso y el Senado. Los estatutos "deberán respetar la Constitución", pero sólo podría presentarse un recurso contra ellos antes del referéndum. 
  • Financiación. El partido de Navarro propone que la Constitución garantice la "suficiencia de recursos", indicando horquillas de porcentajes de cesión de los grandes tributos (IVA, IRPF, Impuestos Especiales). La solidaridad entre distintos territorios estará limitada al principio de ordinalidad, a que la comunidad no pierda posiciones en el ránking de recursos una vez realizadas las transferencias interterritoriales.
  • "Corrección solidaria del privilegio foral del cupo". No se pretende eliminar el sistema de concierto en País Vasco y Navarra, ni tampoco que se introduzca en la Carta Magna la fórmula matemática de cálculo, pero sí que se haga cumplir que ambos territorios deben cumplir con la solidaridad con el resto de España. 
  • Descentralización del Poder Judicial. El Supremo, según el PSC, debería limitarse a la "unificación de doctrina", mientras que los Tribunales Superiores de Justicia atenderían "todos los demás recursos". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "se reduciría a un órgano técnico" y asumirían más protagonismo las salas de gobierno de los TSJ. 
  • Del Senado al Consejo Federal. El PSC copia el modelo del Bundesrat alemán. El nuevo Senado estaría integrado por representantes de los Gobiernos autonómicos, no por senadores elegidos por los ciudadanos. Una composición tampoco pacífica para el PSOE. Su labor sería aprobar las leyes del Estado que afecten a las comunidades, incluidas las financieras; orientar las relaciones Estado-CCAA y mejorar la participación de las autonomías en la Unión Europea. Tendría poder de veto, en cuyo caso se constituiría una comisión mixta Congreso-Senado para buscar el entendimiento. Si no lo hubiera, para impedir el bloqueo, prevalecería el criterio del Congreso. 

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