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Ley Transparencia

El Gobierno accede a sustituir la Agencia de Transparencia por un Consejo “con mayor especialización”

  • La vicepresidenta del Gobierno confirma que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos
  • La ley irá acompañada de un Portal de la Transparencia que permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos

INFOLIBRE Publicada 30/05/2013 a las 12:45 Actualizada 30/05/2013 a las 13:13    
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Soraya Sáenz de Santamaría, en el pleno del Congreso de los Diputados donde la Ley de Transparencia pasa su primer examen.  EFE

Soraya Sáenz de Santamaría, en el pleno del Congreso de los Diputados donde la Ley de Transparencia pasa su primer examen. EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo aceptará que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada Agencia de Transparencia que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "con mayor especialización".

De esta manera, el Partido Popular da una respuesta a la queja de todos los grupos del Congreso por la excesiva dependencia del órgano en manos del Ejecutivo que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos, lo que satisface al mismo tiempo las peticiones de la oposición.

Sáenz de Santamaría ha avanzado estas medidas en medio del debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley de Transparencia. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, ha tendido la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. "Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos y les ofrezco que trabajemos juntos", ha proclamado.

Inclusión explícita de la Corona

La portavoz del Ejecutivo ha señalado la casa del Rey se someterá al "mismo régimen de transparencia" que afecta al Congreso, el Senado o al Tribunal Constitucional. Según ha subrayado, se trata de un "avance impulsado activamente por la Monarquía" que hará que España tenga la "primera ley" de Transparencia en Europa que "incluye explícitamente a la Institución".

Además, ha adelantado que el Banco de España será "mencionado de forma expresa" en la ley, tal como pidió la propia institución o el Bloque Nacionalista Gallego, y ha recalcado que promoverán la ampliación de esta norma a las instituciones privadas que reciben una "financiación pública relevante", un porcentaje de dinero público que están aún por determinar.

Portal de Transparencia

Sáenz de Santamaría ha informado que junto a la Ley de Transparencia se pondrá en marcha, además, un Portal de la Transparencia que permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos.

Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe figurar el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, ha declarado que "promoverán su inclusión expresa en la ley", como reclaman algunos grupos.

Sanción a los cargos independientemente de la Administración


Ante los reparos de los grupos nacionalistas por la invasión de competencias en el capítulo dedicado al buen gobierno, como la facultad que se concede a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes, la ministra de la Presidencia ha subrayado que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga", "no tanto quien lo haga".

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha explicado, y añade que aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones, los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

La vicepresidenta del Gobierno ha aclarado que la autoridad fiscal independiente y otros organismos de fiscalización pueden ayudar en esta tarea, ya que "su independencia" permite "poner en conocimiento de cada administración" la vulneración de las normas de buen gobierno para que incoen el procedimiento e impongan la correspondiente sanción.

Finalmente, ha insistido en su voluntad de pactar esta norma, ya que, según ha dicho, lo que quiere el Gobierno es que sea una "ley de todos", que marcará "un antes y un después" en el funcionamiento de las instituciones y las administraciones y que considera "necesaria e inaplazable".


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