Caso Nóos

El juez Castro interroga a dos presuntos testaferros de Urdangarin

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en una foto de archivo.

INFOLIBRE

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, tomará declaración este lunes a Mario Sorribas y Robert Cockx, presuntos testaferros de Iñaki Urdangarin, así como al empresario valenciano Miguel Zorío, todos ellos como imputados, mientras que están citados hasta un total de doce testigos entre este lunes y el miércoles, informa Europa Press.

En concreto, Cockx, quien no fue localizado cuando fue citado, por lo que el trámite se hizo a través de su abogado, fue el supuesto hombre de paja del duque de Palma en Suiza, a raíz de la mediación que habría llevado a cabo con la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (Agval), para que éste pudiese cobrar 375.000 euros por servicios de búsqueda de inversores que finalmente no fructificaron.

La Fiscalía apunta a que Urdangarin cobró finalmente 140.000 euros en una cuenta en Suiza por los supuestos servicios para Agval, por los que inicialmente pactó recibir 125.000 euros trimestrales junto a su colaborador José María Treviño, a pesar de que los trabajos no se llevaron a cabo.

En su declaración ante la Fiscalía, Cockx aseguró que ha evitado tratar "con políticos y criminales" en su trayectoria como impulsor de nuevas empresas para terceros clientes. El presunto testaferro asegura no conocer al marido de la infanta ni tampoco colaborar con Treviño. El encausado precisó que tiene en su haber unas 50 sociedades constituidas y sostuvo que no utilizó ninguna de ellas en beneficio del duque.

También está citado a declarar Mario Sorribas, que ejerció de apoderado de Urdangarin y quien recientemente ha aportado a la causa más de una cincuentena de emails que atestiguan que Diego Torres, exsocio del duque, era "el jefe" de una fundación considerada por los investigadores sucesora del Instituto Nóos utilizada para, supuestamente, desviar dinero al extranjero. 

Además, también está fijada la comparecencia del empresario Miguel Zorío, quien será interrogado por su presunta participación en el proyecto de los Juegos Europeos (por cuya organización Nóos cobró 382.000 euros públicos aunque no se celebraron), así como el contrato suscrito entre Agval y Cockx, que actuó en representación de la empresa Alternativa General Service.

De forma paralela, pero en su caso como testigo, también está citado el empresario Álex Sánchez Mollinguer, a quien se habría intentado involucrar en el proyecto Aguas de Valencia.

Los testigos están citados a petición de la defensa de Matas

El martes serán interrogados, entre otros testigos, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Josep Oliver; la gerente de esta entidad, Isabel Guitart; la fundadora de Imagine Tourism Consulting, Ana Bartolomé Greenwood; y el catedrático de la Universitat de les Illes Balears, Eugeni Aguiló.

El miércoles, declararán como testigos, entre otros, varios profesores de la UIB, el vicerrector general de la Comunidad Autónoma y el exdirector general de Presupuestos y Planificación, Antonio Valdivieso.

Todos ellos han sido citados después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos.

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Asimismo, la defensa del expresidente quiere aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto se determine si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a los anteriores convenios.

Cabe recordar que al primero de los eventos, la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros al Instituto Nóos mientras que por el segundo abonó 1,1 millones, justificados con facturas presuntamente fraudulentas de las que se deriva un presunto desvío de los fondos percibidos por la entidad presidida entonces por Urdangarin. Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.

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