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El PP balear vigiló a diputados del PSOE el año en que Castro y Horrach se sintieron espiados

El PP balear contrató en 2010 a una agencia de detectives para, según su versión oficial, investigar si “dos o tres diputados socialistas” cuya identidad no reveló habían realizado un viaje privado a Andalucía con fondos públicos. Esa, al menos, es la versión que anoche ofreció a infoLibre el secretario general de la formación conservadora en el archipiélago, Miquel Ramis, después de que este diario le preguntase si el pago de 4.176 euros a una agencia local de detectives, Cabanach, que reflejan las cuentas del partido en el archipiélago ese año guarda alguna relación con la vigilancia a que, según fuentes conocedoras del episodio, se sintieron sometidos el juez y el fiscal del caso Urdangarin, que el 30 de marzo de aquel año habían impuesto una fianza penal de tres millones al expresident balear Jaume Matas. Ramis niega que el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach fueran el objetivo. “Pero –espeta sin tapujos- si hubiéramos tenido que hacerlo [ponerles detectives], pues a lo mejor lo hubiésemos hecho”.

Ramis negó tajante que el encargo a Cabanach tuviese algo que ver con seguimientos o controles de cualquier tipo sobre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, convertidos ya en 2010 en bestias negras del PP en el archipiélago y sobre los que, casualmente, comenzaron a aparecer a finales de aquel año artículos periodísticos que buscaban dinamitar su prestigio de luchadores intachables contra la corrupción.

El dirigente conservador, que ya en 2010 ostentaba el cargo de secretario general del PP balear, asegura que hubo una investigación con detectives, pero sobre diputados socialistas. Pero que, finalmente, el PP no encontró “materia política” en aquellos viajes, de forma que el asunto quedó en nada.

A la pregunta de si el dinero pagado –4.176 euros según el extracto, aunque el libro diario refleja en el debe el doble– no es una cantidad que amenaza con superar el importe de tres viajes a Andalucía, Ramis dijo no recordar el precio del servicio. Las fechas en que el PP efectuó sus pagos a Cabanach Detectives son distantes entre sí, lo que indica que o bien las pesquisas sobre cómo se habían financiado esos viajes andaluces resultaron extremadamente complejas o bien hubo otros servicios que Ramis no recuerda ahora. El primer abono del PP a Cabanach figura fechado el 22 de abril de 2010, tres semanas exactas del día más aciago para Jaume Matas, aquel en que el juez Castro aceptó la petición del fiscal Horrach y fijó la fianza penal en tres millones de euros. El segundo pago no se produjo hasta cinco meses después, el 30 de septiembre. Y el tercero llegó el 28 de octubre. Ramis, en efecto, dice no recordar el importe total pero asegura que será “el que diga la factura”. ¿Y si el encargo real hubiera sido vigilar a un juez y un fiscal se vería eso recogido en la factura? “Pues sí. En declaraciones públicas he dicho a veces que ha habido gente en la carrera judicial que no ha estado a la altura. No es el caso pero si hubiésemos tenido que hacerlo, a lo mejor lo hubiésemos hecho”.

“En Baleares –dijo Ramis en tono amistoso o casi jocoso– pagábamos con transferencia bancaria, así que por tanto será la cantidad que figure en la factura oficial”. El listado de sumas y saldos del PP balear en 2010 camufló el verdadero carácter de la empresa Cabanach con un epígrafe inocuo: “Otros asesores”. Y, aunque el extracto consigna la cifra de 4.176 euros, en el libro diario aparecen dos apuntes fechados el 28 de octubre de 2010 y anotados en la casilla del debe, que es donde se contabilizan los pagos. El primer apunte, de 1.176 euros, cierra la serie que suma 4.176 euros. Pero justo debajo, y con otro número de asiento, figura otra cantidad idéntica en la fila del debe: 4.176 euros. Es ahí donde bajo el nombre Cabanach los contables escribieron “Otros asesores”.

En diciembre de 2010, y bajo el epígrafe “la corrupción en Baleares”, el grupo Intereconomía se lanzó a degüello contra el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. En ambos casos, sus “revelaciones” se referían a operaciones inmobiliarias. Sobre Castro, el diario de Intereconomía, La Gaceta, publicó que había comprado un solar al contado y que el banco había “tasado” la vivienda muy por encima de lo declarado: básicamente, un fenómeno general hasta que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria llevó a los bancos a cerrar el grifo. Sobre Horrach, ese mismo periódico ideó un titular parecido: había escriturado dos casas “por debajo de su valor de mercado” (sic). Ninguna de esas dos ”líneas de investigación” condujo a ninguna averiguación de hechos que comprometiese al magistrado y el fiscal, los mismos que acababan de destapar la caja de los truenos del PP balear en el macrosumario Palma Arena, del que cuelga el caso Urdangarin.

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