El Gobierno regula la actividad de los detectives en plena polémica por el espionaje en Baleares

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes la Ley de Seguridad Privada, tras varias semanas de consultas a distintas instituciones del sector, y la Ley de Acción Exterior, ambas para su remisión a las Cortes.

El Ejecutivo dará el visto bueno a esta nueva normativa sobre la regulación de la actividad de los detectives en el contexto del espionaje político en Baleares. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá la reunión del Consejo de Ministros, a la que asistirán todos los miembros de su gabinete, menos los Fátima Báñez y Luis de Guindos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que la nueva ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las telecomunicaciones. "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó.

También se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban regulados o necesitaban actualizarse. En el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, la vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El ministro del Interior aseguró en su momento que esta iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña, la única comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.

Ley de Acción Exterior

Otra de las normas que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Ministros es la Ley de Acción Exterior, tras recibir el informe del Consejo de Estado. El principio en el que se basa esta ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, las Fuerzas Armadas, las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros.

La propuesta de ley permite a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno.

Tomando como modelo el servicio exterior europeo, el ministerio de Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, pero puede seguir recibiendo órdenes de los Ministerios.

En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.

Estas nuevas misiones dispondrán de una Sección de Servicios Comunes que integrará al personal de gestión, administrativo y auxiliar, con el fin de reducir costes y la necesidad de contratar más personal.

Embajadas compartidas

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La propuesta de Exteriores incorpora la posibilidad de integrar a funcionarios españoles en las delegaciones de la UE en el extranjero en los que España no tenga Embajada. Esta fórmula se pondrá en práctica desde primeros de 2013 en Yemen, donde España cerrará su Embajada y pasará a operar desde la delegación europea desde primeros de 2013.

También habla de la posibilidad de crear misiones diplomáticas conjuntas u oficinas consulares con otros socios de la Unión Europea en terceros estados, especialmente en aquellos donde no haya delegación europea.

Por otra parte, el texto concede a la Comisión de Exteriores del Congreso la potestad de solicitar la comparecencia, a puerta cerrada, de los embajadores nombrados por el Gobierno para que informen sobre los objetivos de su misión. El Congreso no tendrá capacidad, como ocurre en EEUU, de vetar el nombramiento del embajador.