El juez pedirá a Hacienda datos “fehacientes” tras desmentir la infanta la venta de 13 casas y fincas

El juez del caso Urdangarin, José Castro, pedirá el lunes a la Agencia Tributaria que aporte información “fehaciente” sobre las operaciones inmobiliarias atribuidas a la infanta Cristina en un informe oficial que cifra en 13 las propiedades inmobiliarias que vendió entre 2005 y 2006 por 1,43 millones en total. El juez, y así lo aseguraron ayer fuentes del caso, solicitará a Hacienda explicaciones y soporte documental después de que, la medianoche del jueves, un portavoz de la Casa Real desmintiera en nombre de la infanta el contenido del informe tributario.

El desmentido, que pone en solfa el trabajo de los técnicos de Hacienda asignados al caso, fue recibido ayer con sorpresa y estupefacción en medios del caso. Que la Agencia Tributaria cometa lo que una fuente de la investigación definió ayer como “tamaño error” resulta más que infrecuente. Porque ese error afectaría nada menos que a 13 enajenaciones de terrenos o inmuebles en cuatro municipios localizados en tres provincias —Barcelona, Ciudad Real y Alicante— y que pasaron a nuevos propietarios tras la venta atribuida a una persona. Y esa persona, la hija del rey, posee una combinación de nombre y apellidos y un DNI que por su rareza admiten escasas posibilidades de confusión. Todas las ventas figuran fechadas a partir de febrero de 2005, cuatro meses después de que los duques de Palma comprasen por 5,8 millones el palacete de Pedralbes. Las operaciones finalizan en noviembre de 2006.

No obstante, el error es posible. Lo que la Agencia Tributaria ha facilitado al juez es tan solo lo que figura en sus bases de datos: es decir, no se han cotejado los registros informáticos con la copia de las escrituras que conserva cada notaría.

En esas bases de datos, Hacienda dispone de todas las transmisiones patrimoniales comunicadas por los notarios. Introduciendo el nombre y los apellidos del contribuyente y su DNI, la Agencia localiza todos los protocolos de compra o venta que le han sido remitidos. Pero la incorporación de esos apuntes en los ordenadores de Hacienda se hace de forma manual: el cambio de un dígito, por ejemplo, podría alterar el resultado de la búsqueda, dicen los expertos aun sin ocultar su extrañeza por lo sucedido.

Solo la reclamación de la escritura notarial asociada a cada número de protocolo resolverá la incógnita y permitirá saber si se trata de un fiasco monumental que afecta justamente a la persona que por su altísimo rango familiar mayor polémica ha suscitado en el caso Urdangarin. Las fuentes consultadas ya anunciaron ayer que, salvo que Hacienda ofrezca una explicación incuestionable sea cual sea su contenido, el juez reclamará una copia de cada escritura.

Informe censurado

“Es poco creíble que un informe de semejante naturaleza se envíe al juez sin supervisión previa”, afirma un inspector de Hacienda. En efecto, el informe muestra rastros no solo de supervisión sino de censura deliberada difícilmente atribuible a los técnicos. En el apartado relativo a las cuentas bancarias donde la infanta ostenta la condición de titular o autorizada aparecen tachados numerosos datos. Dado que una banda negra oculta su contenido nadie, al menos hoy, parece saber qué hay debajo. Que la Agencia Tributaria envíe un informe censurado a un juez resulta tan infrecuente o más que el que cometa un error múltiple como el que el desmentido de la infanta parece desvelar.

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Pese a que el desmentido de la infanta vía Casa Real llegó al filo de la medianoche, el diario El País logró contactar con dos de los compradores identificados por Hacienda, El País dos mujeres que, según el informe, adquirieron respectivamente varias propiedades en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real) y una vivienda de 300 metros en un municipio de la Costa Brava barcelonesa.

La primera de ellas aportó una explicación detallada sobre el origen de los inmuebles, por completo ajeno a Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin o cualquier otro miembro de la familia del monarca. La segunda, asegura El País, se limitó a negar que la infanta hubiese sido la vendedora. El nombre de estas dos mujeres no figura en la guía telefónica, como tampoco el de los otros tres compradores señalados por Hacienda.

Aunque el portavoz de la Zarzuela que el jueves habló en nombre de la infanta anunció un próximo comunicado oficial, la institución decidió finalmente no enviarlo. El bufete de Miquel Roca, encargado de la defensa legal de Cristina de Borbón en el caso Urdangarin, no ha dado aún señales de vida.