La PAH pide más tiempo para denunciar las cláusulas abusivas en las hipotecas

Este lunes vence el plazo impuesto por la nueva Ley Hipotecaria para que las familias que tienen un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria en marcha puedan alegar haber sufrido cláusulas abusivas y pedir así la suspensión cautelar de su desahucio. El plazo es considerado "insuficiente" para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que preparar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma. 

Según ha explicado a infoLibre el abogado de la PAH de Madrid Rafael Mayoral, este plazo "sumarísimo" que contempla la ley 1/2013 deja a miles de familias "en una situación de absoluta indefensión" porque, según ha dicho, el acceso a la justicia gratuita se demora en la actualidad al menos un mes y medio, un plazo superior al ofrecido por la ley para reclamar. "Si sumamos a ello la nula difusión realizada por el Gobierno y, mucho menos, por las entidades bancarias, y el hecho de que las familias incursas en un proceso de estas características no han recibido ninguna notificación personal, podría considerarse una violación en toda regla del derecho de defensa", amplía el colectivo en un comunicado.

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Según Mayoral, la forma en la que se ha trasladado a la legislación española la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que dota al juez de la posibilidad de suspender un desalojo si aprecia abusos en el contrato hipotecario– constituye en sí misma una vulneración del artículo 24 de la Constitución que garantiza el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Por este motivo, la plataforma va a preparar un recurso de inconstitucionalidad. 

Asimismo, este lunes han remitido una carta al juez Decano en la que piden que se recaben datos en los Juzgados 31, 32 y 100 sobre los procesos de ejecución hipotecaria en marcha y el número de ellos en los que el afectado ha podido instar el incidente de cláusulas abusivas. Esta estadística, dicen los afectados, servirá para medir el resultado real de la legislación que prevé la moratoria sobre desahucios para colectivos vulnerables. 

En este sentido, reclaman que desde los órganos judiciales de Madrid se inste al Gobierno a la ampliación del plazo y a la notificación judicial a través de los Servicios de Notificaciones en las personas demandados en estos procesos. También han reclamado la celebración de una reunión urgente con el Juez Decano para la ampliación de estas informaciones y el establecimiento de vías de diálogo entre los afectados y los jueces.