Caso Nóos

Montoro esquiva a los periodistas para no responder sobre el escándalo

El Gobierno gravará a la banca con entre el 0,1% y el 0,2% de los depósitos

infolibre

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha esquivado este martes en el Senado las preguntas de los periodistas sobre "el error" en el informe que atribuye a la infanta Cristina trece operaciones de compraventa de fincas por más de 1,4 millones.

A su llegada al Pleno de la Cámara Alta, los periodistas han intentado preguntar sin éxito al titular de Hacienda, que ha optado por el silencio. Pocas antes, el Ministerio ha hecho público un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo".

Tras responder a dos preguntas en la sesión de control de ERC y la Entesa, Montoro ha abandonado el Senado y tampoco ha querido pronunciarse sobre este asunto pese a que los periodistas le han perseguido por el pasillo que lleva al hemiciclo.

Entre otras cuestiones, se le ha intentado preguntar al ministro si va a pedir responsabilidades a la Agencia Tributaria o va a realizar algún cese, si puede explicar qué ha pasado, si está dispuesto a comparecer en el Congreso, e incluso si le parece normal lo que ha ocurrido en este caso.

Primera aparición de la infanta en un acto oficial en pleno escándalo por el error de Hacienda

El propio portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha admitido este mediodía que Hacienda no ha dado "suficientes explicaciones" sobre el informe de la Infanta sobre la compraventa de 13 fincas que han sido negadas por la hija del Rey. A su juicio, hay un "error" y aún no sabe "por qué ha ocurrido".

Fuentes de Hacienda han insistido en que los datos que se remitieron al juez procede de terceros y que no se comprobaron al tratarse de una solicitud de información, como otras muchas peticiones de juzgados y tribunales.

Además, las mismas fuentes han subrayado que esas operaciones se remontan al 2005 y 2006 y, por lo tanto, habrían prescrito a los cuatro años, sin que exista posibilidad legal de realizar una comprobación o investigación.

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