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Gobierno

Rajoy desinfla las expectativas sobre la ley de las administraciones públicas

  • El Gobierno asumirá las 217 recomendaciones de la Comisión para la Reforma de la Administraciones Públicas, pero las comunidades autónomas tienen potestad para decidir si se suman
  • El Ejecutivo no avanzará hasta el viernes el alcance económico de la futura ley, que en principio apuntaba a un ahorro de 8.000 millones, ni el calendario de aplicación

Publicada 19/06/2013 a las 13:34 Actualizada 19/06/2013 a las 19:41    
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Rajoy este miércoles en la Moncloa explicando el plan de reforma de la Administración.  EFE

Rajoy este miércoles en la Moncloa explicando el plan de reforma de la Administración. EFE

A menos de una semana para acudir al Consejo Europeo en Bruselas, el presidente del Gobierno quiere buscar gestos encaminados a demostrar que España hace sus deberes y que se merece los dos años extra concedidos para el cumplimiento de los objetivos de déficit. También quiere acallar las voces que desde su propio partido le piden más reformas.

Este miércoles, Mariano Rajoy ha sido el protagonista del acto central de la presentación del informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas. Acto central porque, hasta que el viernes sea presentado en el Consejo de Ministros, restan todavía comparecencias de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Industria, José Manuel Soria.

Pese a las expectativas levantadas, el acto, de poco más de media hora de duración, ha estado dominado por la escasa concreción. Habrá pues que esperar al viernes para conocer la letra pequeña de este informe en el que un grupo de expertos ha estado trabajando en los últimos meses.

Rajoy, que aprovechó el acto para vender de nuevo su programa reformista, avanzó que el documento, de más de 2.000 folios de extensión acoge 217 recomendaciones. Y que el Gobierno las asume desde ya. Otra cosa es que las asuman las comunidades, que tienen potestad para decidir o no su cumplimiento. Así, el presidente del Gobierno, que en varias ocasiones insistió en que está dispuesto a “llegar al máximo acuerdo”, dejó claro que “este informe no es el final del camino. Es un instrumento útil en manos del Gobierno y a disposición de las Comunidades Autónomas”. Consciente de lo que hay en juego, mantuvo que "es una propuesta en la que no hay ideología" y que al Gobierno le gustaría "acordarlo con todos". "Lo vamos a intentar de buena fe", subrayó.

Entre las recomendaciones, el líder del Ejecutivo citó la posibilidad de que las regiones puedan prescindir de su agencia de meteorología, de los órganos de defensa de la competencia o que puedan ubicar sus oficinas de representación en el extranjero en las embajadas de España. Una medida, esta última, que supone acabar con las denominadas "embajadas autonómicas".

Las relaciones entre el Ejecutivo central y las diferentes autonomías, incluidas las del PP, llevan tensas varias semanas a cuenta de la negociación de los objetivos de déficit, un asunto que está a merced de lo que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Entre las pocas medidas que concretó, Rajoy citó la puesta en marcha de una ventanilla única para el comercio exterior, el establecimiento de la historia clínica digital, el del denominado “presupuesto de base cero” y la reducción de gastos en correo postal.

Fuentes del Gobierno insistieron en que el texto, inspirado en el principio 'una administración, una competencia' apuesta más por la reubicación de empresas públicas que por la supresión de puestos de trabajo.

Cuatro reformas esenciales

A juicio del presidente del Gobierno, esta reforma debe partir, a su vez, de otras cuatro "reformas esenciales". A saber: "La necesidad de racionalizar el gasto público", "la demanda ciudadana", un "análisis profundo y sostenido en el tiempo" y "la responsabilidad y el compromiso político, no sólo para emprender el cambio, sino para mantener su impulso".

Entre los asistentes, junto al plenario de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), integrado por responsables del Gobierno y de los diferentes ministerios, se ha contado con la presencia de la Defensora del Pueblo, representantes de UGT, CSIF; CEOE, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, la Asociación Española de Empresas de Consultoría, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, la abogada general del Estado y los presidentes de Ferrovial, Iberdrola y del Consejo Empresarial para la Competitividad.

Asimismo, han acudido representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia, cantabria, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Baleares, Castilla y León, Murcia, Ceuta Cataluña y Andalucía. Y el responsable de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, e Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.


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