Penalistas defienden que vaya a prisión para que no destruya pruebas

Abogados penalistas de prestigio en España consultados por infoLibre consideran que el juez Pablo Ruz debería ordenar el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis BárcenasLuis Bárcenas. El próximo 27 de junio, Bárcenas prestará declaración en el marco del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Ese mismo día está citada su mujer, Rosalía Iglesias Villar, así como el apoderado en sus cuentas suizas, Iván Yáñez. Ni Ruz ni las fiscales adscritas al caso han argumentado nada en los últimos días sobre la libertad de Bárcenas.

Y declararán después de que el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, anunciara en una rueda de prensa su intención de pedir el ingreso en prisión del extesorero del PP en el momento en el que Bárcenas volviera a declarar en la pieza separada de la contabilidad b del PP. Pero la comparecencia del extesorero, de su mujer y de su presunto testaferro se enmarca dentro de la pieza principal, y no en la secundaria, por lo que en principio, y salvo decisión de Ruz, la representación legal de IU no podrá participar en la declaración del próximo 27 de junio.

Quien sí podrá interrogar a Bárcenas, y en su caso solicitar el ingreso en prisión, es la acusación particular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Fuentes de esta asociación, que se ha ganado un gran prestigio después de que lograra que Bárcenas volviera a ser imputado, han confirmado a infoLibre su intención de solicitar medidas "más concretas y duras", aunque sin especificar cuales. ADADE basará su decisión final en los autos firmados por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que confirmaban la decisión de Ruz de expulsar al PP como acusación popular, al considerar que la magistrada llega a asegurar que las medidas adoptadas contra Bárcenas "son muy livianas". Hasta el momento, las únicas limitaciones que padece el extesorero del PP consisten en la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado.

Maniobras de ocultación de bienes

Al margen de la decisión de las acusaciones populares de Gürtel y de los papeles de Bárcenas de solicitar el ingreso en prisión del exsenador por Cantabria, el letrado Gonzalo Boye, que formó parte de la acusación en el juicio por el 11-M, considera razonable que Bárcenas ingrese en la cárcel: "No solo hay riesgo de que se destruyan pruebas y de obstrucción a la justicia, sino que también se está torpedeando la investigación". Para este letrado, el extesorero del PP ha seguido "manipulando" y "articulando" sus movimientos de cara a establecer un relato de los hechos que le favorezca, al mismo tiempo que ha tratado de "ocultar sus bienes". Y una prueba de esto, según Boye, es que poco a poco van apareciendo nuevas cuentas y bienes: "Es evidente que estas pruebas han tardado tanto en conocerse porque Bárcenas ha estado paralizando la investigación". La entrada en la cárcel, sostiene este letrado, sería muy relevante y cambiaría el caso, "pues ya no podrá mover todos los hilos que le queden en el poder".

Por su parte, el abogado Eduardo García Peña, que también trabajó en el caso del 11-M, asegura no entender "por qué Bárcenas no está ya en la cárcel". Considera que hay elementos "más que suficientes" para que el juez Ruz decrete la prisión provisional de Bárcenas. "Hay riesgo de fuga, pues una persona como Bárcenas, y pese a que ha entregado el pasaporte, podría salir del país". También considera que hay riesgo de que la instrucción del caso sea manipulada, "ocultando pruebas". Por lo tanto, según este letrado, se cumplen dos de los tres elementos que justifican el ingreso en prisión de una persona. El tercer elemento sería el del riesgo de reiteración del delito, que García Peña no contempla en el caso de Bárcenas. Sin embargo, García Peña añade que en los delitos delitos económicos como los que se atribuyen a Bárcenas existe un importante riesgo de que se manipulen las pruebas, que normalmente tienen carácter documental.

"No me parecería descabellado que el juez Ruz tome la decisión de mandarle a la cárcel, aunque hay que tener en cuenta que esta decisión podria ser extemporánea, ya que desde un principio tendría que haberse decidido la entrada y registro del domicilio de Bárcenas", argumenta por su parte Jaume Asens, el letrado que lleva la acusacíón de los vecinos en el caso Millet.

"Es evidente que ahora, con las nuevas revelaciones, Bárcenas puede influir en los testigos, y sobre todo con el poder que tiene esta persona", sostiene este letrado que recuerda que el extesorero ya ha ido al notario en varias ocasiones con documentación.

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"También puede destruir pruebas y entorpecer la investigación", añade Asens, que compara la situación procesal de Bárcenas con la de los arrestados durante la huelga general en Barcelona: "La gente que protesta va a la cárcel, mientras que Bárcenas y Millet no han pisado la comisaría. Hay justicia para ricos y para pobres".

El jueves 27 de junio el juez interrogará a Bárcenas, a su mujer y a su testaferro, que deberán explicar su participación en la gestión de las cuentas abiertas por Bárcenas en dos bancos suizos en las que el saldo total superó los 47 millones de euros. El 31 de diciembre de 2012 todos los activos de la sociedad resultante habían sido valorados en 19,5 millones de euros. En concreto, Bárcenas abrió en el banco Lombard Odier en 1999 una cuenta denominada Novis, que años después se traspasó a la Fundación panameña Sinequanon. Pero el 12 de febrero de 2009, seis días después de la detención del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, Bárcenas llamó al banco para anunciarle que Iván Yáñez, el hijo de un amigo y también empleado del PP, iba a ser nombrado apoderado con la intención de traspasar todos los fondos con destino a una nueva empresa, radicada en Uruguay. Al final Yáñez fue el encargado de regularizar gracias a la amnistía del ministro Cristóbal Montoro todos los fondos de la sociedad Tesedul.

Bárcenas tendrá también que responder a las preguntas del juez en relación a las ventas de cuadros, negadas en su declaración por videoconferencia desde Buenos Aires (Argentina) por la marchante de arte Isabel Mackinlay. En concreto, en un auto del pasado 10 de junio, Ruz le imputó la autoría de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa.