Rajoy presidente contra Rajoy ministro de Administraciones Públicas

Mariano Rajoy, el hombre que se ha propuesto revolucionar las administraciones públicas, no es un profano en la materia. El hoy presidente del Gobierno ocupó la cartera de Administraciones Públicas entre los años 1996 y 1999. Y en aquella época, a las órdenes de José María Aznar, defendía postulados bastante diferentes.

Uno de los 'proyectos estrella' de aquel Rajoy ministro fue la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), en la que se sostenía que "tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administración periférica del Estado al modelo autonómico". Por ello, el texto consideraba "conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o común de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución".

Aquella norma seguía el camino opuesto al que planea ahora el Gobierno, que pretende que las comunidades se desprendan de organismos y que esas funciones las puedan realizar organismos similares del Estado, pero curiosamente el fin propuesto era el mismo que hoy en día: "eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos", según se indicaba en la LOFAGE.

Dieciséis años después, Rajoy es presidente del Gobierno. Y, al igual que en 1997, se ha propuesto eliminar duplicidades bajo el lema "una Administración, una competencia". Ahora, el Gobierno del PP considera que "la especial configuración del régimen autonómico español hace que surjan duplicidades e ineficiencias, que impiden que se haga plenamente efectivo" el mencionado lema.

Por ello, el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentado este viernes, sostiene que "las comunidades autónomas pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de autoorganización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos. Así lo hemos visto en los últimos tiempos, en los que algunas comunidades autónomas (y así se recomienda en el informe) han planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores del Pueblo".

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"Con igual o mejor calidad"

La intención recentralizadora se ve todavía más clara cuando el informe sostiene que "tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad, se plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos".

¿De qué órganos se trata? El documento de la CORA dice que "este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de metorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia, entre otros".