La segunda y misteriosa carta de la Comisión Europea contra el decreto andaluz de vivienda

Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad aseguran que la Comisión Europea ha remitido una carta en la que cuestiona el decreto andaluz sobre vivienda. Según el departamento de Guindos, Europa habría advertido sobre la medida que permite expropiar a una entidad bancaria el derecho de uso de una vivienda que previamente haya embargado: "Puede afectar negativamente a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica".

Pero más allá de las declaraciones oficiosas, el documento de la Comisión no se ha hecho público y no se ha enviado a la Junta: nadie parece saber nada de la carta. Este lunes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha pedido "prudencia" sobre la hipotética comunicación de la Comisión: "Lo prudente es guardar distancia y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene", ha dicho.

Cortés ha recordado que existe un precedente similar: el pasado 9 de mayo, un día después de la convalidación del decreto en el Parlamento andaluz con la única abstención del PP, Economía filtró que la Comisión Europea le había remitido un escrito que alertaba sobre las posibles implicaciones negativas de la medida para el sector bancario.

Fue la primera advertencia. Después llegó la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que el viernes 10 de mayo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros pidió "prudencia" a Griñán y añadió: "No sé si Griñán ha dicho que [la carta de la Comisión] no existe, pero los dirigentes políticos tenemos que ser muy prudentes, porque si te lo pueden demostrar con un correo electrónico, uno puede quedar en entredicho".

En efecto, el presidente de la Junta de Andalucía expresó sus sospechas al respecto de la veracidad de la carta de la Comisión. No fue el único. Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas pidió, el 11 de mayo "conocer esa carta". Pero la carta no llegó, ni en público, ni en privado.

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía consultadas por infoLibre aseguran que jamás se recibió ningún documento que demostrase la existencia de una comunicación formal de la Comisión al Gobierno central. Sólo se reconocen contactos "a nivel técnico" y una petición de información, pero no una crítica hacia la medida ni, menos aún, una advertencia sobre su contenido. De hecho, el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Simon O'Connor, negó el envío de la carta a España

"Una coartada para recurrir"

En en mayo, Sáenz de Santamaría aseguró que Bruselas tenía "dudas" sobre el encaje de la medida de la Junta, pues podría confrontar el memorando que España aceptó para recibir el rescate a la banca, En palabras de la vicepresidenta, ese era un elemento que debía ser "tendo en cuenta". La número dos del Gobierno también dejó la puerta abierta a un posible recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo contra la medida de la Junta.

Según el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el Ejecutivo central hizo un "uso partidista" de una simple "solicitud de información" de Bruselas, y contó hasta tres mentiras: "La primera, decir que existía una carta que no existía; la segunda, que la agencia EFE había tenido acceso a la carta, que no lo ha tenido; y la tercera, que se había puesto en cuestión el decreto sobre la función social de la vivienda".

La Junta de Andalucía sancionará a bancos que tengan viviendas vacías

Ver más

En palabras de Vázquez, todo fue una "estrategia política" para utilizar una "visita rutinaria de la troika" con un objetivo "de corte partidista". En una rueda de prensa el 13 de mayo, Vázquez pidió explicaciones al Gobierno de Rajoy, y aseguró: "El objetivo ha sido desacreditar una medida de Andalucía que da respuesta al drama de los desahucios", y añadió que tenía la sospecha de que se estaba buscando una "coartada" para recurrir el decreto.

El decreto andaluz en materia de vivienda incluye tres medidas principales: sanciones de hasta 9.000 euros a entidades financieras por mantener viviendas vacías, incentivos a particulares para sacar al mercado de alquiler los inmuebles desocupados y la posibilidad de expropiar a los bancos el derecho de uso de las viviendas embargadas a familias en situación de especial necesidad.

Según fuentes de la Junta de Andalucía, hasta el momento no se ha impuesto ninguna sanción y sólo se han ejecutado siete expedientes de expropiación. "Nada que cause un desequilibrio o perjuicio importante los bancos", aseguran estas mismas fuentes.