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Recortes sociales

Amnistía Internacional denuncia que los recortes en sanidad a inmigrantes ponen en peligro sus vidas

  • La organización asegura que casi 900.000 personas han perdido su tarjeta sanitaria desde abril de 2012
  • Un informe critica la discriminación hacia los inmigrantes que introduce el Real Decreto-Ley que acabó con la universalidad del derecho a la salud

Publicada 04/07/2013 a las 13:00 Actualizada 04/07/2013 a las 19:19    
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La ministra de Sanidad, Ana Mato.  EFE

La ministra de Sanidad, Ana Mato. EFE

"La crisis económica no puede convertirse en una crisis de derechos humanos". Es una de las conclusiones del informe que ha presentado este jueves Amnistía Internacional (AI) bajo el título "El laberinto de la exclusión sanitaria". El trabajo, más que en datos cuantitativos, se basa en los testimonios y experiencias de inmigrantes en situación irregular que, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 en abril de 2012 quedaron en una situación en la que la organización considera que "se está vulnerando el derecho humano a la salud".

De acuerdo con ese decreto, los inmigrantes en situación irregular deben pagar por recibir asistencia sanitaria. Las únicas excepciones en las que el acceso al sistema sanitario se ofrece en condiciones de gratuidad son las urgencias, los accidentes –hasta el alta médica–, el embarazo, el parto y el posparto.

También entran en este reducido cupo de excepciones quienes han solicitado protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos. El resto de personas deben abonar cantidades que AI estima desproporcionadas. Además, la organización asegura que se están cometiendo numerosas irregularidades, como emitir facturas por acudir a los servicios de urgencias.

Así, desde la entrada en vigor del decreto se ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas migrantes, lo que impide su acceso al sistema sanitario, "incluso poniendo en ocasiones su vida en riesgo". Esta circunstancia es especialmente preocupante porque, recuerda el informe, se trata de "uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad".



Para la elaboración del análisis se han tomado como ejemplo las Islas Baleares, donde se han retirado 19.856 tarjetas sanitarias y donde tuvo lugar uno de los casos con mayor repercusión mediática de falta de asistencia: el del joven senegalés Alpha Pam, fallecido en Inca (Mallorca) por una tuberculosis –a pesar de que esta enfermedad debe tratarse de forma gratuita– tras negársele hasta en tres ocasiones la realización de las pertinentes pruebas diagnósticas.

Discurso xenófobo

En el texto hecho público este jueves, la organización también censura el discurso de un buen número de políticos, que han justificado la restricción de derechos a migrantes con discursos que "contribuyen a construir prejuicios". Amnistía Internacional, dice en el documento, "condena estos discursos que asocian inmigración y utilización abusiva de la sanidad" algo que, como se recuerda, contradice "diversos informes técnicos que aseguran lo contrario", y que muestran que la utilización de los recursos sanitarios por parte de este colectivo es inferior o, en todo caso, similar a la media.

Como ejemplo, se cita a Ana Mato, ministra de Sanidad, quien no dudó al asegurar que el decreto suponía garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles" y "acabar con la utilización indebida de los servicios sanitarios por algunos extranjeros y con los abusos que a veces cometen". También se reflejan las palabras de Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, quien afirmó: "El servicio de salud universal no está para todo el universo y el gratis total no existe. Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países".

"El Real Decreto-Ley afecta desproporcionadamente a las personas inmigrantes en situación irregular, dada su situación de vulnerabilidad", se explica, al tiempo que se señala que "el Gobierno debió realizar y publicar una evalución de impacto [de la medida], con el fin de prever los efectos directos e indirectos", algo que no se realizó. Esta situación que se enmarca en un proceso de aplicación de medidas de austeridad que "exacerban los graves efectos de la crisis": "La reducción del gasto está provocando el el Sistema Nacional de Salud viva una situación sin precedentes que hace difícil su funcionamiento", alertan.



Normas internacionales


Por último, AI denuncia en su informe que con la finalización de la universalidad del derecho a la salud, el Gobierno contradice lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece el derecho a "un nivel de vida adecuado que asegure (...) la salud y el bienestar, y en especial (...) la asistencia médica". La medida también es contraria, según la organización al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y a la Convención sobre derechos del niño (1989).

"Los derechos sociales no son concesiones del Estado que puedan ser retiradas en tiempos de dificultades económicas. Son derechos humanos que el Estado no puede eludir bajo la premisa del contexto de crisis", concluye el texto. Ante la grave situación en la que la restricción de derechos ha dejado a miles de personas, Amnistía Internacional también ha querido destacar la respuesta de sanitarios y organizaciones que, a veces por canales informales, han buscado dar cobertura sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular.


1 Comentarios
  • 1 ateo 04/07/13 18:59

    Habría que tener preparadas querellas criminales contra los consejereros de sanidad y la ministra Ana Mato para cuando fallezcan personas por no haber recibido el tratamiento adecuado por los recortes. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2012/05/la-desfachatez-criminal-de-la-ministra.html

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