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Caso Palma Arena

El fiscal del Supremo pide el envío a prisión de Matas por “malgobernar”

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  • Solicita al TS que confirme la condena de 6 años por corrupción porque "los gobernantes que malgobiernen" merecen "una sanción"
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INFOLIBRE Publicada 02/07/2013 a las 16:49 Actualizada 02/07/2013 a las 17:18    
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El fiscal del Supremo pide confirmar la condena de Matas.  ZIPI

El fiscal del Supremo pide confirmar la condena de Matas. ZIPI

El fiscal Fernando Sequeros ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena de 6 años de cárcel impuesta al expresidente del Gobierno balear y exministro Jaume Matas por delitos de corrupción porque "los gobernantes que malgobiernen y aquellos que se valen de sus funciones para lucrarse en sus intereses privados" merecen "una sanción".

Así lo ha expuesto durante la vista pública que ha acogido este martes la Sala de lo Penal del alto tribunal para revisar los recursos interpuestos por Matas y por el articulista Antonio Alemany contra la sentencia dictada el pasado marzo por la Audiencia de Palma que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación, y al periodista a tres años y nueve meses en el primer juicio del caso Palma Arena.

El representante del Ministerio Público ha defendido que la sentencia fue "correcta" y que el acusado se valió de la "confianza depositada en las urnas" para favorecer a sociedades de su confianza como eran las de Alemany.

"Todo fue un artificio, un ropaje formal para que esa persona pudiera satisfacer sus necesidades como periodista valiéndose de medios que le resultaban económicos desde las amistades que tenía", ha aseverado el fiscal, que ha acusado a ambos procesados de "utilizar" a la Administración pública "por encima de los fines que la Constitución prevé y del interés general". "Aquí se hizo todo lo contrario", ha zanjado.

La gravedad de los hechos. 

La acusación ejercida desde el Gobierno balear también ha solicitado confirmar la condena impuesta a Matas y Alemany porque las pruebas en su contra fueron "lícitas y válidamente obtenidas", en referencia al "examen minucioso" de las declaraciones de los coimputados Joan Martorell y Miguel Romero de la Cerda, los testigos y la "abundante" prueba documental. "Proceden de un análisis lógico y razonable".

La letrada ha añadido que el trabajo objeto del contrato no se realizó y ha recalcado que la "gravedad" de los hechos probados justifica la pena impuesta "habida cuenta de que hablamos del presidente del Gobierno". "Cada céntimo de euro debe responder a un interés público y estar plenamente justificado", ha añadido.

"Incoherencias y falta de lógica" de la Audiencia

En su turno, tanto la defensa del exministro 'popular' como la del periodista de opinión han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que la sentencia condenatoria vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en una absoluta "falta de lógica y racionalidad" en la valoración de la prueba de cargo, no motivó suficientemente sus responsabilidades e impuso además un castigo desproporcionado.

"Es una sentencia de ida y vuelta, se dice una cosa y la contraria, se dice blanco y se dice negro, unas páginas consideran acreditada una cosa y otras páginas consideran acreditada otra", ha afirmado la abogada de Matas, para exponer las múltiples "incoherencias" de la resolución de la Audiencia de Palma.

A juicio de la abogada Pilar Gómez Pavón, el tribunal parece que pensaba "en una Administración pública casi feudal" donde el presidente impone "lo que quiere hacer". Ha cuestionado así los delitos de falsedad documental, de prevaricación y de malversación por los que el expresidente balear fue condenado y ha indicado que el contrato con Alemany cumplía las condiciones y persiguió un "interés público".

El abogado defensor de Alemany, Javier Fernández, también ha apuntado que la cantidad cobrada por su representado estaba "justificada" y que la propia sentencia reconoció que las declaraciones de los coimputados tenían "escasa fiabilidad", en alusión a las palabras incriminatorias del exdirector general de Comunicación Joan Martorell y el dueño de la agencia Nimbus Miguel Romero, quienes fueron condenados a poco más de un año de cárcel.

El letrado ha defendido que el articulista realizó los trabajos por los que fue condenado y si no han sido localizados ha sido porque la "búsqueda no fue suficiente". "Tal vez no lo fue de manera intencionada", ha remachado, para negar que Alemany ocultara su identidad en el contrato. "Como administrador aparecía su sobrino porque él iba a ser sometido a una operación a corazón abierta y le dijo: ponte tú porque si a mí me pasa algo, cuidas de tu tía", ha concluido.

El tribunal, presidido por Carlos Granados, y formado por Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena revisará la sentencia que condenó al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar por delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado.

La Audiencia de Palma consideró probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.


1 Comentarios
  • 1 Luisorro 04/07/13 19:47

    Pero si esto ya es sabido desde hace mucho, desde que se dictó sentencia, ¿por qué no está ya en prisión?

    Responder

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