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Privatización de la sanidad

La Justicia investiga un favor millonario del Gobierno de González a las beneficiarias de la privatización sanitaria

  • El último varapalo al Ejecutivo del PP en su intento de externalizar seis hospitales públicos llegó este miércoles con la paralización cautelar del proceso dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • El TC admitió el recurso de los socialistas y un juzgado de Madrid aceptó la querella criminal presentada por los médicos contra la cúpula del Gobierno regional que impulsó la privatización sanitaria

Publicada 11/07/2013 a las 06:00 Actualizada 11/07/2013 a las 08:00    
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Esperanza Aguirre y Javier Fernández-Lasquetty, el pasado 9 de julio en la reunión de la dirección del PP de Madrid.  EFE

Esperanza Aguirre y Javier Fernández-Lasquetty, el pasado 9 de julio en la reunión de la dirección del PP de Madrid. EFE

El camino hacia la privatización sanitaria en Madrid está siendo bastante más pedregoso de lo que podía pensar el Gobierno de Ignacio González. A las incontables protestas de ciudadanos y facultativos –la marea blanca– se está sumando la riada de recursos admitidos por los tribunales. La última bofetada llegó ayer miércoles del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los magistrados aceptan las medidas cautelares urgentes pedidas por el Partido Socialista de Madrid (PSM) y paralizan cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales públicos. La razón es que el Ejecutivo regional modificó a última hora, pocas horas antes de que finalizase el plazo de presentación de ofertas, los pliegos de condiciones, rebajando sustancialmente la fianza a las empresas interesadas. De tener que proveer en conjunto más de 230 millones de euros a aportar sólo 23. Una reducción del 90%

La Comunidad intentó casi no darse por aludida. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció alegaciones "de inmediato",  se mostró "seguro" de que el TSJM fallará al final a favor del Gobierno autonómico y defendió la "legalidad" de todo el proceso. Tomás Gómez, líder del PSM, aplaudió la decisión judicial como un "salto de gigante" dentro del objetivo prioritario de su partido: frenar por todos los medios que pasen a manos privadas seis centros (hospital del Henares, en Coslada; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla; del Tajo, en Aranjuez; Infanta Leonor, en Vallecas, y del Sureste, en Arganda del Rey). 

Pero no es el único obstáculo que tiene que superar la Comunidad. Porque el PSM también tiene presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya admitido a trámite, igual que está aceptada en otro juzgado, el número 4 de Madrid, la querella criminal presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra la cúpula del Gobierno del PP que impulsó la privatización sanitaria. Querella en la que están personados los socialistas. Y mientras, la marea blanca no ha cesado

01. EL PARÓN DEL TSJM


El 7 de mayo de 2013, se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la licitación de la gestión de los seis hospitales. El plazo de presentación de las ofertas concluía justo un mes más tarde, el 7 de junio. Un suculento megacontrato a diez años por un valor total de 4.679,8 millones de euros. Las empresas, según esa primera comunicación, deben poner una fianza (garantía) del 5% del total del contrato, IVA excluido. Pues bien, cuatro días antes de que venza la fecha límite, el 3 de junio, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, firma una corrección de errores, en la que se precisa que la garantía a depositar es sólo un 5% del importe anual de adjudicación del contrato. La diferencia no es baladí: un 5% de 4.679,8 millones es 233,9 millones de euros; un 5% de 467,98 millones (la cantidad por año) es 23,39 millones. 

A la puja se presentaron tres empresas, pero ninguna de ellas competía entre sí, porque cada una de ellas estaba interesada en un lote. Así, Bupa Sanitas se lanzó a por el hospital del Henares; el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, a por el Infanta Sofía, el Infanta Cristina y el del Tajo; y Ribera Salud (consorciada con El Corte Inglés e Ingesan, que forma parte del conglomerado de construcción OHL), a por el Infanta Leonor y el del Sureste. Las tres compañías ofrecieron una cápita (un gasto anual por habitante asignado a cada centro) ligerísimamente inferior al precio de licitación. Así, Ribera Salud rebajó la cápita del Infanta Leonor cuatro céntimos (de 549,39 a 549,35 euros por persona y año), y la del Sureste, un solo céntimo (450,07 frente a 450,06 euros). Bupa Sanitas compitió por el hospital del Henares por 479,15 euros, frente a los 481,56 euros que pedía la Administración. De haber habido mayor concurrencia, las empresas habrían tenido mayores problemas para hacerse con los hospitales y la Comunidad podría haber reducido en algo la factura. 

El pasado 4 de julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó las seis adjudicaciones a las tres empresas. Pero los contratos aún no se han firmado. Y, con la paralización conocida ayer miércoles, no se podrán rubricar por el momento

Pieza separada en el juzgado 28 de Madrid

¿Qué hizo el PSM? Denunciar las "irregularidades de los pliegos de condiciones" y la modificación a la baja de los avales ante los tribunales. El partido lo hizo por dos canales, por la vía ordinaria y ante el TSJM. El escrito en ambos casos fue casi calcado. Los socialistas reclamaban la suspensión del proceso de privatización. 

Hubo respuesta judicial por los dos lados. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid abrió, el pasado 5 de julio, una pieza separada del caso principal (la privatización) para resolver sobre las cautelares. Y el TSJM, ayer, 10 de julio, determinó estimar las medidas cautelarísimas requeridas por el PSM: la misma paralización de todo el proceso, concediendo a la Comunidad tres días para presentar alegaciones. 

El TSJM señala que la rebaja de la garantía "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de adjudicación) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)". El cambio, siguen los magistrados, "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva", al haber "podido impedir" la competición de otras compañías. 

El portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ya advirtió de las sospechosas correcciones de errores del Ejecutivo de González. "El Gobierno estaba loco por que hubiera empresas que pujasen por los hospitales. La garantía era una barrera, y por eso la bajaron. Esto no es una corrección de errores, es una rectificación del pliego", señaló, en declaraciones a infoLibre. Ayer, Lasquetty insistió en que durante el proceso de licitación se registraron peticiones de aclaración sobre si la garantía era anual o total, lo que obligó a publicar la resolución del 3 de junio. "Eso es una tontería –replicó Freire–. Si querían fijar una garantía anual, el pliego sería nulo, porque el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público habla de que la garantía que deben poner las empresas es del 5% del importe de adjudicación". Los socialistas consideran además que, con una fianza tan baja, es imposible cubrir unos mínimos riesgos. 

El PSM pide el expediente completo de la privatización

Para Lasquetty, la suspensión dictada por el TSJM no es más una "consecuencia" de "una jugada más, una más", del líder del PSM en su afán de "prolongar el conflicto sanitario". "Lo hemos hecho todo a plena luz del día y con máximo respeto a la legalidad", enfatizó. Gómez, por su parte, celebró el "salto de gigante" dado por la Justicia y reiteró que se trata de un "proceso cargado de irregularidades", que ha puesto de manifiesto el "conchabeo entre las empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad en Madrid y el Gobierno del PP". 

Los socialistas, además, ya han pedido al Ejecutivo regional el expediente completo de la privatización. Y, como medida precautoria por si el expediente no lo incluyera, han solicitado también el informe jurídico que, si existe, sustentó la decisión de aplicar una rebaja drástica al aval exigido, que pasó de 233 millones a sólo 23.

Pero la cosa no queda ahí. Freire anunció ayer que reclamará respuesta detallada y exacta para dos preguntas: qué viajes al extranjero realizaron los altos cargos o directivos de la Consejería de Sanidad madrileña desde que se hizo público el proyecto de privatización, y qué reuniones o contactos de cualquier tipo ha tenido el departamento de Lasquetty con personas vinculadas de cualquier modo a las empresas que finalmente optaron al concurso. Entre ellas hay una –Hima San Pablo– radicada en Puerto Rico y sin ninguna conexión con la sanidad española hasta que acudió a la licitación de Madrid.

02. SEGUIR EL RASTRO DE CAPIO


Hace menos de un mes, el titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a trámite la querella de AFEM contra los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, la viceconsejera Patricia Flores (antes directora general de Atención Primaria); el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y los representantes de la Fundación Jiménez Díaz, Grupo Ribera Salud, Capio Sanidad (hoy IDC Salud), Unilabs y Asisa. Nueve imputados en total. Les atribuye el magistrado ocho delitos supuestamente cometidos en los albores del proceso de privatización de la sanidad madrileña, cuando Esperanza Aguirre era la presidenta de la Comunidad. 

El auto contenía otro eslabón nada desdeñable: Sexmero cursó una comisión rogatoria para saber quién está detrás de Capio, el gigante de la sanidad externalizada en la región. Capio está encuadrado dentro de una compleja red societaria cuyo último cabo se encuentra, como desveló infoLibre, en el paraíso fiscal de las islas Caimán

03. CONTRA EL "'APARTHEID' SANITARIO"


El 27 de marzo, el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional su recurso contra los artículos 62 y 63 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad, los preceptos que posibilitan la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud, los que han servido para que el Gobierno regional convocase la licitación. El 8 de mayo, el TC lo admitió a trámite

Una expresión recorría de arriba abajo la impugnación: "El apartheid sanitario", uno de los conceptos acuñados por el informe de AFEM encargado a un bufete de abogados y que sirvió de base al PSM para construir su recurso. El texto razona que los ciudadanos que pertenecen a la zona de influencia de un hospital privatizado son en realidad pacientes cautivos, ya que el centro recibe incentivos económicos para disputarse a los clientes. Se da lugar así a una red dual: una pública, adonde acuden los enfermos graves, que necesitan tratamientos costosos, y la concesionada, que prefiere pacientes con dolencias poco graves y baratas. 

04. LA DEMANDA ANTE BRUSELAS


La privatización sanitaria ya está también en Bruselas. El pasado 26 de junio, Gómez interpuso ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea una denuncia con el mismo objetivo, frenar el "desmantelamiento y privatización de la sanidad pública en Madrid".

El PSM construyó su escrito basándose en un caso próximo ocurrido en Italia: una sentencia del 18 de julio de 2007 del Tribunal de la Justicia de la UE con la que se anuló el proceso de licitación de un contrato de prestación de servicios en Sicilia que no fue publicado en el Diario Oficial de la UE, como era obligatorio. Para el PSM, el caso madrileño se le parece mucho, pues la divulgación en los boletines comunitarios sería "preceptiva en un proceso de adjudicación de estas características"

05. EL BUROFAX DE AVISO A LAS EMPRESAS


Todas las acciones del PSM en los últimos meses se han encaminado hacia el mismo sentido: "Impedir la privatización o, al menos retrasarla lo más posible", convencido como está el partido de que el PP no se atreverá a embarcarse de hoz y coz en la externalización si faltan pocos meses para las elecciones autonómicas de mayo de 2015. 

Por eso ha acompañado la artillería judicial con otra acción. En este caso, de advertencia a las empresas beneficiarias: a todas ellas remitió un burofax en el que les informaba de los trámites legales emprendidos de los que podría derivarse una eventual "nulidad" del proceso privatizador, les recordaba la "oposición" de profesionales y ciudadanos y les reiteraba las intenciones del partido en caso de ganar las autonómicas de 2015: revertir las externalizaciones vía expropiación.

El PSM siente que la batalla sanitaria será una lucha de primer orden dentro de dos años, y no piensan soltar la presa. Y creen que han capitalizado esa guerra, ya que el perfil dado por IU en este tiempo, confiesan, "está siendo bastante bajo".


1 Comentarios
  • 1 baldos 11/07/13 22:07

    Que mal pensados somos los españoles, si este desgobierno pone dinero de sus ahorros para levantar el País.

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