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Privatización de la sanidad

El PSM amplía la querella por la privatización sanitaria de Madrid

  • El PSM atribuye a la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios
  • El motivo es la rebaja en un 90% de la cantidad que tienen que avalar las empresas adjudicatarias, que pasó de 233 a 28 millones de euros

infoLibre Publicada 12/07/2013 a las 06:00 Actualizada 12/07/2013 a las 11:52    
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El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha presentado una ampliación de la querella interpuesta por los médicos contra la privatización de seis hospitales. El PSM atribuye a la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios por rebajar en un 90% la cantidad que tenían que avalar las empresas beneficiadas por la privatización. En concreto, se redujo desde 233 millones de euros a 28 millones, según los cálculos de los socialistas madrileños.

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, admitió a mediados de junio una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de seis hospitales. Además de imputar a los querellados, el juez decidió investigar quién se esconde detrás de Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid.

La ampliación de querella del PSM se centra en la rebaja de las garantías solicitadas a las empresas beneficiadas por la privatización. En principio, el Gobierno de Ignacio González pidió a las adjudicatarias que ofreciesen garantías por el importe de 5% del importe del contrato (233 millones en total ya que la adjudicación se eleva a 4.679 millones por un periodo de diez años). Pero cuando sólo faltaban cuatro días para la finalización del plazo de presentación de ofertas, la Consejería de Sanidad publicó una "corrección de errores" mediante la cual se indicaba que la garantía debía ser del 5% del contrato del primer año (28 millones de euros). La resolución fue firmada por Patricia Flores.

"Esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales, por cuanto se dejaría sin contenido el objeto de la garantía definitiva que no es otro que garantizar el cobro de los posibles daños derivados de la mala ejecución del contrato", se lee en el escrito del PSM.

La querella del PSM asegura que la rebaja de las garantías, además de ser ilegal por incumplir el art. 95.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual". 

Además de la vía penal, el PSM también recurrió la rebaja de garantías por la vía contencioso-administrativa y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió el pasado miércoles paralizar cautelarmente el proceso de privatización de los seis hospitales públicos. La Comunidad intentó casi no darse por aludida.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció alegaciones "de inmediato", se mostró "seguro" de que el TSJM fallará al final a favor del Gobierno autonómico y defendió la "legalidad" de todo el proceso.





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