Madrid presenta al juez sus alegaciones en defensa de la privatización sanitaria

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la suspensión cautelar del proceso de privatización de los seis hospitales públicos y sostiene que la corrección de errores en los pliegos referido a las garantías reclamadas a los aspirantes -que suscitó el recurso del PSM- favoreció precisamente la concurrencia de las empresas.

En concreto, se expone al tribunal que hasta el momento de su publicación (3 de junio), no se habían presentado ninguna oferta y que "no perjudicó a nadie" puesto que, la mejor prueba, es que "ninguno de los posibles licitadores recurrió o presentó ningún tipo de queja".

"No sólo no hubo nadie perjudicado sino que en todo caso la corrección de errores favorecía una mayor concurrencia de ofertas", ha explicado el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, para destacar, a su vez, que tras la subsanación de ese error quedaban días suficientes para formalizar propuestas.

Fernández-Lasquetty lo ha detallado así a los medios de comunicación tras la presentación del protocolo 'Código Infarto' Madrid, explicando que los letrados han registrado este viernes las alegaciones y que las mismas pivotan sobre cinco argumentos fundamentales.

Entre ellos, Lasquetty ha señalado que una de las razones es que "mantener la suspensión cautelar" supondría un "perjuicio" para los madrileños porque impediría la aplicación de una medida de ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario. "El interés del PSM y de Tomás Gómez es puramente partidista y está en contra del interés público, de tal forma que causaría un perjuicio a todos los madrileños", ha apostillado luego.

Además, el consejero ha indicado que otro motivo que sustenta el recurso es que precisamente la corrección de un error en la expresión de la frase que recogía los requisitos de garantías de las aspirantes a la privatización de los seis hospitales (al introducir el término anual) favoreció, frente a lo planteado en el recurso, la concurrencia de las empresas.

El PSM quiere que la Justicia le haga "su trabajo político"

Mientras, el consejero ha aseverado que en esas alegaciones se expone que el PSM "sólo tiene un interés político y partidista", para luego añadir también que, según las jurisprudencia del propio TSJM, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (que ya han rechazado recursos similares), los socialistas "no tienen legitimidad" para interponer el recurso, "y menos solicitar su suspensión", puesto que sólo están capacitado para ello los que tengan un "perjuicio directo" o sea "directamente una parte interesada".

En este sentido, ha manifestado que la Comunidad de Madrid sostiene que el PSM, con ese recurso, intenta que la Justicia "le haga el trabajo que corresponde al ámbito político" y que "debería haber hecho" en la Asamblea y en el debate público.

También indica que el recurso del PSM es "contradictorio" en sus argumentos porque, desde que se anunció la privatización de seis hospitales, manifestó que no quería que se presentaran empresas al concurso, diciéndolo "de todas las formas posibles" e incluso empleando una estrategia de "intimidación" y "amenaza". Frente a esto, Lasquetty ha añadido que "ahora llegan al tribunal" y justifican su recurso sobre un "deseo de que se hubieran presentado más".

Por tanto, sostiene que el PSM "con tal de llevar adelante sus deseos políticos y partidista" utiliza un "argumento y su contrario", algo que a juicio del Gobierno regional "no es admisible".

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Además, Lasquetty ha añadido que otro de los argumentos que expone la Comunidad ante el TSJM es que los socialistas emplean una estrategia de "acoso judicial" contra el proceso de privatización, utilizando "en cada momento de manera torticera" los instrumentos que dispone el Derecho para sus fines partidistas.

En este sentido, el consejero ha detallado que la corrección de errores en los pliegos de condiciones fue publicado el 3 de junio mientras que el PSM presentó su recurso el 12 de junio y, por tanto, "ya conocía perfectamente" dicha corrección. No obstante, Lasquetty incide en que entonces los socialistas no reclamaron la suspensión cautelar y que es cuando, entrado el mes de julio (el día 4), "ven que se acerca el momento de la firma de los contratos y resolver la externalización" piden esa medida extraordinaria "mes y pico después".

"Nos parece que es una actuación torticera para utilizar a los tribunales al servicio de la justicia por un interés partidista", ha recalcado Lasquetty para aseverar que el Gobierno regional va a seguir comprometido en su objetivo de mantener una sanidad pública de máxima calidad y sostenible, a pesar de que el PSM trate de poner "todos los palos en las ruedas".