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Dependencia

Usuarios y profesionales se concentran en protesta por los recortes en dependencia

  • La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia y el Consejo General del Trabajo Social han protestado este viernes frente al Ministerio de Sanidad
  • Estas organizaciones consideran que se está desmantelando la Ley de Dependencia
  • Ana Lima, presidenta del CGTS, afirma que a los dependientes se les está "quitando la dignidad: estamos cambiando derechos sociales por caridad"

Publicada 19/07/2013 a las 12:47 Actualizada 19/07/2013 a las 16:01    
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Un manifestante agita sobres en protesta por los recortes en Dependencia.  DANIEL RÍOS

Un manifestante agita sobres en protesta por los recortes en Dependencia. DANIEL RÍOS

Medio centenar de personas, convocadas por la coordinadora statal de plataformas en defensa de la Ley de Dependenciase han concentrado este viernes para protestar por los recortes en este ámbito, coincidiendo con la aprobación de la reforma local que se preveía para este mismo día y que finalmente ha sido pospuesta. Esta reforma trasladaría la cobertura de los servicios de Dependencia de los ayuntamientos –desde donde se ofrecen ahora mismo los servicios– a las comunidades autónomas, sometidas a estrechos objetivos de déficit.

Al grito de "¿Dónde está el dinero de la dependencia?" o "Somos dependientes, no delincuentes", los manifestantes –entre los cuales había muchas familias con discapacitados– han protestado por lo que consideran una vuelta a los sistemas basados en la "caridad", como denuncia Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que agrupa a profesionales del ámbito de los servicios sociales. En un manifiesto, esta organización ha afirmado que la aprobación de la reforma de la Administración local pondría "en grave peligro la subsistencia de millones de familias", e incluso declaran que socavaría "sus derechos fundamentales".

Lima ha criticado el "cambio de modelo evidente" que, a su jucio, se está produciendo en el terreno de los derechos sociales. "Las ONG tienen un papel complementario importantísimo", ha afirmado, "pero no se les puede dar dinero para solucionar los problemas que el Estado no está abordando". Así, la presidenta del CGTS asegura que se camina hacia un sistema en el cual, según ha ejemplificado, "se dará dinero a las ONG para que den de comer en una cola a los pobres", lo que conllevará que estas personas queden "estigmatizadas para toda su vida". "Les estamos quitando la dignidad: estamos cambiando derechos sociales por caridad", ha lamentado.

En el mismo sentido se ha expresado José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora a nivel estatal. Para él, la reforma no se debe a una necesidad de reducir el déficit, sino que se enmarca en un contexto ideológico: "Este Gobierno piensa que al dependiente, como toda la vida, lo tiene que cuidar su familia", ha afirmado. Asimismo, ha denunciado que el Gobierno considera a los dependientes simplemente como "personas improductivas". "Este Gobierno está atacando a las personas que no tienen nada que perder", ha destacado Gómez-Ocaña.

El portavoz de la coordinadora cree también que los servicios de ayuda a la dependencia están caminando hacia la privatización. "Es muy curioso", ha comentado Gomez-Ocaña, "que a medida que se está desmantelando y desmontando la Ley están apareciendo aseguradoras que ofrecen los mismos servicios que teóricamente debe ofrecer el Estado". "Hay comunidades, como Castilla-La Mancha, que ya han lanzado el cheque de ayuda a domicilio, que significa entregar este servicio a empresas privadas", ya que, como ha explicado, "si a un ayuntamiento pequeño le quitas los recursos para poder atender a las personas dependientes, obligas a estas a acudir a la empresa privada", cuyos costes en ocasiones no son capaces de cubrir estos cheques.

Por su parte, Jaime Esteban García, coordinador estatal de la plataforma convocante, ha hecho hincapié en los recortes sufridos en dependencia desde el año pasado en los presupuestos estatales y autonómicos. Se ha centrado en la figura de los cuidadores familiares, de quienes dice que incluso han sido "criminalizados". En muchas autonomías, "dependientes que cobraban sobre 300, 400 o 500 euros para pagar, de alguna manera, su atención al familiar que les estaba cuidando –muchos de ellos las 24 horas del día– cobran ahora una asignación de 20 euros". De igual forma, ha criticado la privatización del sector, ya que antes la Administración "estaba obligada por la Ley a crear una red pública de asistencia: centros de día, residencias...".

Paco Galán, padre de un menor de 17 años con una discapacidad del 100%, es una de las personas que pone rostro a esta situación. Galán afirma que hasta el año pasado cobraba una prestación por el cuidado de su hijo en el entorno familiar de 500 euros, que se han visto reducidos en un 20% hasta quedar en 400. A esta ayuda se le sumaba un complemento de MUFACE –"ya que la madre de mi hijo es funcionaria", aclara– que ha sido eliminado. "Nuestro hijo necesita atención 24 horas al día, ya que no camina ni maneja las manos, y hay que asearle y cuidar de él", asegura su padre, que sin embargo explica que a pesar de que "hay que comprar sillas de ruedas, corsé... no recibimos ayudas en esa materia y las que recibimos llegan muy tarde", hecho que ejemplifica al afirmar que "hemos cobrado ahora la ayuda para el corsé que necesitamos para evitar que se le desvíe más la columna vertebral, que pagamos hace dos años".

En este sentido, denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha les va a "quitar las ayudas para el cuidado en el entorno familiar", que van a sustituir por "una persona que venga a cuidar de nuestro hijo durante dos horas diarias". "Las 22 horas restantes lo tenemos que cuidar sus familiares, pero, si no recibimos ayuda no podemos ir a trabajar. Mi hijo entra al colegio a las diez de la mañana, y yo no puedo conseguir un trabajo de 10 de la mañana a cinco de la tarde. En mi caso concreto, yo ni puedo trabajar ni voy a recibir ayuda para cuidar de mi hijo", asegura. De esta manera, Galán declara que estas personas "necesitan el cuidado de los demás para poder seguir viviendo". "No es un capricho, no es que necesitemos una criada, sino que nuestros familiares necesitan nuestro apoyo pleno las 24 horas del día", reitera.

La reforma local, la "puntilla" a la Ley de Dependencia

La reforma de la Administración Local, que se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros, obligará a las comunidades autónomas a asumir los servicios de Dependencia salvo que los ayuntamientos, que hasta ahora se hacían cargo de los mismos, puedan correr con los gastos. No obstante, los estrechos objetivos de déficit que Hacienda ha impuesto a las comunidades autónomas justifican el temor de las personas dependientes y de los trabajadores sociales, que creen que esta reforma dejará "sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables". En este sentido, José Manuel Ramírez, director de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, afirma que esta reforma será "la puntilla" para la Ley de Dependencia.


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