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'caso marivent'

El PSOE defiende la inocencia de Moragues y el PP insiste en que la corrupción “es de personas no de partidos”

  • La coalición Més censura que el uso de Marivent por parte de la familia real se financie con fondos públicos
  • El PSOE expresa su "seguridad" de que el exconsejero Moragues no ha participado en el presunto fraude que se le atribuye
  • Esquerra Unida critica el oscurantismo con el que producen las contrataciones vinculadas a la Casa del Rey

Publicada 22/07/2013 a las 13:40 Actualizada 22/07/2013 a las 23:57    
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El exconsejero de Presidencia del Gobierno balear, Albert Moragues, en una imagen de 2009

El exconsejero de Presidencia del Gobierno balear, Albert Moragues, en una imagen de 2009

FLICKR | SAÜL GORDILLO
La noticia del presunto fraude continuado en la concesión y renovación de un contrato público para el mantenimiento del palacio de Marivent ha provocado ya las primeras reacciones de los partidos que ocupan los escaños en el Parlamento balear: el PP, la coalición Més y el PSOE –organización a la cual pertenecen los dos principales implicados– y de Esquerra Unida, la marca de Izquierda Unida en la comunidad. Un juzgado balear investiga, según adelantó infoLibre, a la empresa Lireba SL tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción e implicaría al exconsejero de Presidencia Albert Moragues y a Francisca Socías, exsecretaria general de la Consejería. 

El PSOE de las Islas Baleares ha asegurado que, más que un caso de corrupción, se trata de "una estafa a la Administración" y que tiene la "total seguridad" de que el exconsejero Albert Moragues, ya imputado, no ha estado implicado en el presunto fraude que se le atribuye. La portavoz socialista en Baleares, Pilar Cosa, ha asegurado que no ha habido "la más mínima connivencia política" y ha insistido en que el PSIB es "el primer interesado en que la Justicia llegue hasta el final" para dirimir posibles irregularidades. Además adujo que el hecho de que el primer expediente de adjudicación se iniciara el 6 de julio de 2007 –el mismo día que Francesc Antich tomó posesión como presidente de la Comunidad– y que, como recoge la demanda, ya existiera fiscalización previa entonces, solo indica una cosa: “Que ya lo había comenzado a tramitar el Gobierno de Jaume Matas”.

Por su parte, desde el Partido Popular afirman que su postura es de "respeto absoluto a la Justicia". La portavoz parlamentaria del PP en esa comunidad, Mabel Cabrera, ha señalado que "la corrupción es de personas y no de partidos" y que no actuarán "como el PSOE y su doble vara de medir, que implica a las siglas cuando un tema les beneficia y cuando no, actúa al revés". Por último, Cabrera ha subrayado que "es la Justicia la que debe aclarar lo ocurrido y establecer las resposabilidades que correspondan".

La coalición Més ha afirmado que está a favor de que se investigue hasta el fondo el caso y que, si se demostrasen las acusaciones, se devuelva todo el dinero. Asimismo, desde la formación han instado al Gobierno autonómico a personarse como acusación particular. Antoni Alorda, diputado de la coalición en el Parlamento balear, ha afirmado que respetan los procedimientos judiciales, pero que esta polémica refuerza la postura de su partido con respecto a Marivent: que desde la comunidad autónoma no debe pagarse "una sola factura si no es para un uso público del edificio". De esta manera, volvieron a reivindicar que el recinto donde la familia real pasa sus vacaciones sea a partir de ahora para uso y disfrute de los ciudadanos. Alorda ha calificado la cifra destinada desde la Admnistración autonómica al mantenimiento del palacio como "exorbitante" y ha afirmado que debe "no reducirse, sino eliminarse"

Por último, Manel Carmona, de Esquerra Unida, ha asegurado que la lucha contra la corrupción "debe ser un elemento central" y que el conjunto de la ciudadanía "debe poder saber qué ha ocurrido en estas contrataciones": "Todo lo que rodea a la Casa del Rey es muy oscuro y llama la atención que unas contrataciones de servicios de limpieza se amparen en leyes de seguridad del Estado y no se formalicen como el resto de contratos de la comunidad". Finalmente, Carmona ha reclamado que se clarifiquen los hechos y se diriman las posibles responsabilidades.


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