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Sanidad

Organizaciones LGTB denuncian ante el Ministerio de Sanidad su exclusión de la reproducción asistida

  • FELGTB, Galehi y un matrimonio de mujeres ha entregado allí sendas cartas para pedir una reunión a Ana Mato
  • Estas organizaciones consideran la medida "injusta, excluyente" e incluso "contraria a la Constitución"
  • Un matrimonio de mujeres que ha entregado su propia carta afirma que "esta modificación de la ley legitima una discriminación enorme"

Publicada 23/07/2013 a las 13:17 Actualizada 23/07/2013 a las 15:23    
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Concentración el pasado día 22 de julio frente al Ministerio de Sanidad en protesta por la exclusión de solteras y lesbianas de la reproducción asistida

Concentración el pasado día 22 de julio frente al Ministerio de Sanidad en protesta por la exclusión de solteras y lesbianas de la reproducción asistida

Una pareja de mujeres ha entregado eset martes una carta en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para protestar por la medida que dejará fuera del programa público de reproducción asistida a parejas que no sean heterosexuales, así como a mujeres solteras. Esta pareja ha estado apoyada por Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), y Gloria Fortún, presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales Galehi, que también han entregado sendas misivas, y que han advertido que de aprobarse definitivamente esta medida la denunciarán ante la Justicia.

Tanto el matrimonio como las responsables de las dos organizaciones –que han leído sus cartas frente a los periodistas antes de entregarlas en el Ministerio– han pedido a la ministra una reunión para discutir la medida, que, en palabras de Boti García, es "injusta, excluyente y contraria a la Constitución". De esta forma, la presidenta de FELGTB ha denunciado que excluir de la reproducción asistida a parejas que no sean heterosexuales y a mujeres solteras es "netamente sexista", y que además va en contra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual.

Además, García ha hecho hincapié en que, aparte de la discriminación sexual, esta medida supondrá también la exclusión por motivos económicos de muchas mujeres no heterosexuales o solteras que quieran ser madres, ya que, según ha expresado, solo podrán someterse a tratamientos de reproducción asistida quienes puedan permitirse costear una clínica privada. Para la presidenta de FELGTB, esto supone una merma en el "derecho fundamental" de la maternidad.

En la misma línea ha ido Gloria Fortún, presidenta de Galehi, que ha hecho referencia tanto a la sentencia del TC sobre el matrimonio homosexual como a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que ordenó pagar a la Consejería de Sanidad de la comunidad los gastos derivados de una fecundación artificial que una mujer llevó a cabo en una clínica privada, tras serle denegado este tratamiento en la sanidad pública por su condición de lesbiana. De esta forma, Fortún ha declarado que "con estas sentencias en la mano, consideramos que perseverar en esta medida puede entrar de lleno en la prevaricación".

Asimismo, la presidenta de Galehi ha afirmado que, de ser aprobada finalmente esta disposición, estas organizaciones la denunciarán ante la Justicia, y ha expresado su convicción de que de ser así "los tribunales la rechazarán en un breve periodo de tiempo". Por su parte, Celeste y Paloma –el matrimonio que ha entregado su propia carta junto a las de FELGTB y Galehi– han retado a Ana Mato a reunirse con ellas para que les "diga a la cara" que son "merecedoras de menos derechos" y "ciudadanas de segunda, como nos hace sentir".

De esta forma, han denunciado que, "de manera soterrada", ya se producen casos de discriminación por motivos de condición sexual a la hora de conseguir tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública; como ejemplo han puesto su propio caso, ya que ellas tuvieron que recurrir a la sanidad privada tras ser rechazada su solicitud en la Seguridad Social. Así, han afirmado que "esta modificación de la ley legitima una discriminación enorme" y que está basada únicamente en un "sesgo político".


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