Sindicatos de prisiones denuncian la privatización del sector iniciada con la vigilancia de exteriores

Funcionarios de cinco centros penitenciarios se han manifestado este lunes contra el proceso de privatización de la seguridad exterior de las cárceles y en protesta por lo que consideran un déficit de personal. Los sindicatos convocantes, CSI-F, CCOO, UGT, CIGA y ELA, consideran que se ha iniciado la privatización del sector y temen una gestión guiada por “intereses económicos”.

“Se trata de la anticipación de la privatización interior, una vez acabado lo de fuera” advierte Angel Moreno, secretario general de la sección estatal de Instituciones Penitenciaras de CCOO.  "Es un cambio del modelo político acercándonos a los modelos sajones", sostiene. 

De forma similar, el responsable nacional de Instituciones Penitenciaras de CSI-F, Adolfo Fernández, asegura que la privatización supondría “controles menos exhaustivos" y la desaparición "de la independencia de los funcionarios en su cargo y la capacidad de mérito” con la aplicación de "criterios empresariales".

Moreno explica que la privatización de los recintos exteriores supone que “desde abril y mayo se ha contratado vigilancia privada para colaboración y auxilio” de una función que antes ejercía la Guarida Civil y “en algunos centros la Policía Nacional”.  El secretario aclara que esta medida forma parte de un proyecto piloto para 22 centros pero que se extenderá al resto de centros bajo la competencia del Estado.

Los sindicatos señalan que la aprobación de la Ley de Seguridad Privada abre la puerta a que vigilantes de seguridad puedan trabajar en centros penitenciarios. Moreno define este modelo como una “fórmula parecida a los aeropuertos, con un cuerpo de guardias con capacidad y el resto con auxiliares privados”.  

Los sindicatos convocantes de las protestas este martes han anunciado nuevas movilizaciones en los meses de verano que esperan continuar de forma sostenida hasta septiembre. 

Déficit de personal

Los sindicatos denuncian la ausencia de oferta de empleo público en el sector. “No se ha convocado ninguna plaza en los dos últimos años”, subraya Angel Moreno, lo que a su juicio podría favorecer la entrada del sector privado para cubrir los puestos de los nuevos centro como el de Antequera (Málaga), pendiente de apertura por falta de personal.

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El responsable de CSI-F destaca además el envejecimiento del sector en el que “la edad media de los funcionarios está entre 45 y 55 años” y “entre 350 y 400 jubilaciones cada año”.

Sin unidad sindical 

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, no ha apoyado la campaña de movilizaciones. El presidente del sindicato, José Ramón López, no ha querido responder a la llamada de infoLibre.