El 97% de los condenados por provocar incendios se libra de entrar en prisión

Tan sólo ocho personas han entrado en prisión desde 2007 por provocar incendios en España. En ese mismo periodo, ha habido 295 condenados por la vía penal y hasta 393 imputados por causar 420 fuegos. En resumen: menos de un 3% de los condenados acaba pisando la cárcel. Es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Civio, que ha estudiado 325 sentencias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo sobre esta cuestión.

El trabajo destaca además que el 88% de los incendios entre 2001 y 2011 fueron provocados por la acción humana, y el 55% fueron intencionados. La consecuencia es que se ha calcinado una superficie mayor a la suma de los territorios del País Vasco y La Rioja. Y pese al desastre medioambiental, señala Civio, "ninguna institución administrativa o judicial conoce exactamente el número de sentencias dictadas por este delito". Así, se apunta que muchos de los incendios que posiblemente son provocados no llegan a ser juzgados, ya que "antes tiene que haber una investigación técnica y en muchas ocasiones no es posible establecer la causalidad".

De los 295 condenados por lo penal, 287 personas evitaron la prisión porque recibieron penas menores a dos años. En contraste, la condena de prisión más alta, de nueve años, le fue impuesta a un incendiario de Villamarchante (Valencia) que en 2011 provocó un incendio intencionado que quemó 194 hectáreas de monte y causó numerosos estragos en propiedades y cultivos.

El incendio de Andratx, que sigue sin estar controlado, ha quemado ya 1.800 hectáreas de masa forestal

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Por regiones, el informe destaca que el noroeste de la Península (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco y las provincias de León y Zamora) forma la zona más conflictiva en cuanto a incendios intencionados. Por ejemplo, casi el 85% de los incendios de Ourense son provocados, cifra que contrasta, por ejemplo, con el poco más de 45% de Cáceres. A Coruña, Pontevedra, Zamora, Cantabria y Lugo son, por este orden, las otras provincias más afectadas por los incendios intencionados, todas ellas con un porcentaje que supera el 70%.

Según los datos del Ministerio de Agricultura analizados por Civio, hasta al 15% de los incendios ocasionados entre 2001 y 2011 se les atribuye un origen por “causa desconocida”, lo que impide encausar a más posibles autores.Según las declaraciones del capitán del SEPRONA, Salvador Ortega, recogidas por la fundación, el motivo es que en “la investigación de los incendios forestales las evidencias se queman y nos toca trabajar mucho con indicios”. Asimismo, Ortega denuncia que en algunas zonas rurales los vecinos se encubren entre ellos porque el fuego constituye una herramienta para gestionar ciertas actividades económicas.

Por último, el documento hecho público por Civio alerta de la falta de una base de datos fiable y completa sobre las resoluciones judiciales referentes al tema de los incendios forestales. “Ni los Ministerios Fiscal, de Justicia ni de Interior cuentan con bases de datos sistematizadas sobre el asunto que compilen los fallos judiciales y las investigaciones policiales del conjunto del Estado para esclarecer el perfil sociológico y criminal del incendiario”, explican Marcos García Rey y Hugo Garrido, los periodistas autores de la investigación.