Madrid y Rabat dan por hecho que Galván cumplirá su pena en una cárcel española

Que el pederasta Daniel Galván Viña, condenado a 30 años de cárcel en Marruecos por abusar de 11 menores, detenido ayer en Murcia y enviado hoy a prisión cumpla el resto de su pena en España es una "posibilidad bastante razonable" para el Ministerio de Justicia español. Lo reconoció a los medios esta tarde en la sede gubernamental Ángel Llorente, director general de Cooperación Jurídica Internacional, al término de la reunión que mantuvo con dos funcionarios marroquíes que se desplazaron expresamente a Madrid para analizar el caso. Pero esa opción es también bastante viable para Marruecos, según aseguró su titular de Justicia, Mustafá Ramid. 

Llorente, sin embargo, se resistía a asumir que esa es la alternativa más plausible que baraja el Ejecutivo. El alto cargo indicaba primero a los periodistas que la "petición principal" que formula Marruecos es la extradición de Galván, y es la que figuraba en la orden internacional de detención en virtud de la cual pudo ser arrestado. Pero, si esta no era "posible", se contemplarían "otras alternativas", sin concretar cuáles. Tras varios rodeos, y después de que se le preguntara si España descarta completamente que el pedófilo pueda cumplir sus más de 27 años de condena restantes en nuestro país, respondió: "No, no se descarta en absoluto. Es una posibilidad bastante razonable". 

A ese respecto, Llorente recordó que, de no haberse producido el "error administrativo" de la concesión del indulto al delincuente, España estaría tramitando la solicitud de traslado a Rabat, puesto que el reo había demandado su repatriación. El director general subrayó que el "interés" del Gobierno es que se "cumpla la ley" y Galván, "igual" que otros presos españoles en cárceles marroquíes, "tiene derecho" a liquidar su condena en cárceles de nuestro país. Son, dijo, "razones humanitarias", las que llevan a que "esa persona" cumpla su sentencia "en otras condiciones" materiales y humanas "sustancialmente mejores", "más cerca de su familia" y en un ambiente "más próximo". El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en su auto dictado esta mañana, argumentaba precisamente que una de las razones para no dejar en libertad al pederasta era, precisamente, que "carece en España de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo". 

Llorente apuntó que, en cualquier caso, la solicitud de extradición librada por Marruecos debe resolverla la Audiencia Nacional. Pero por lo pronto se presenta difícil, ya que el convenio entre ambos países prohíbe la entrega de nacionales. "Pero hay alternativas –reiteró– para que hechos tan graves no queden impunes". De hecho, ese fue el principal motivo de la reunión "técnica" entre las dos delegaciones, analizar cuál es la legislación española, ver las diferencias en la regulación de las revocaciones de indultos –en España una medida de gracia no se puede cancelar, pero en Marruecos "sí es anulable"– y qué posibilidades ofrecen los acuerdos bilaterales y las leyes internas.

Fruto de la conversación de Gallardón y Ramid

¿Y qué pasa con los otros 29 indultados por error? "Lo desconozco", aseguró el alto cargo, quien dijo que el único caso abordado en la entrevista en el Ministerio de Justicia fue el de Galván, porque fue el único indulto anulado por Mohamed VI, en una decisión sin precedentes. Llorente insistió en que el "error material de carácter administrativo", fruto de la falta de "información", se ha "corregido". Ahora, por tanto, se trata de hacer que las cosas "vuelvan a su sitio" y la situación "sea la misma que la de antes de que erróneamente se le indultara". ¿Se redactará un tratado bilateral urgente?, se le preguntó. "Los acuerdos [entre países] no son por un caso concreto", sino un "marco jurídico" general. Recordó que el convenio de extradición Marruecos-España es "reciente", de 2009, y de lo que se trata es de "aplicarlo" y explotar los "mecanismos de cooperación relacionados" que ya existen, como el convenio de traslado de personas condenadas. 

La cita de hoy fue el producto de la conversación de los dos ministros de Justicia de ambos países, Alberto Ruiz-Gallardón y Mustafá Ramid. Por la parte española acudieron, además de Llorente, el subdirector general de Protección y Asistencia Consular del Ministerio de Exteriores, Juan Bosco; el subdirector general de Asuntos Jurídicos Consulares del mismo departamento, Pablo Gutiérrez-Segú, y los asesores de Justicia Inmaculada Aguado y Juan Carlos Gómez. En representación de Marruecos, se sentaron el jefe de Gabinete de Ramid, Mohamed Benalilou; el director de Asuntos Penales y de Gracia, Mohamed Abdenabaoui, y el ministro consejero de la Embajada del país vecino en España, Mohamed Bulmani. 

"Tres escenarios posibles", según Rabat

Casi en paralelo a las palabras de Llorente, se conoció la versión del país magrebí. Fueron las declaraciones de Ramid a la cadena de televisión 2M recogidas por la agencia oficial MAP las que hicieron ver que la opción más factible es la de que Galván cumpla su pena en España. El titular de Justicia señaló que contempla "tres escenarios posibles" para el futuro del pederasta. El primero, dijo, pasaría por que el pedófilo vuelva al reino alauí a proseguir con su condena, alternativa inviable. "No creo que la Justicia española pueda decretar su extradición salvo en el caso de que se le retire la nacionalidad española, que es adquirida", abundó en una entrevista con Efe. Galván nació en Irak y obtuvo la nacionalidad al casarse con una mujer española, de la que está divorciado. 

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Así las cosas, las únicas opciones que se abrirían camino serían, a juicio de Ramid, que el criminal acabe en una cárcel española para culminar la setencia o que las autoridades españolas inicien "un nuevo proceso" contra él basándose en pruebas y documentos que pueda presentar Marruecos próximamente, informa Europa Press.

No obstante, el ministro está abierto "a cualquier propuesta" que llegue desde Madrid. España, agradeció, ha mostrado "su entera disposición a colaborar con las autoridades marroquíes para examinar todos los escenarios posibles con el objetivo de que este criminal no escape de la Justicia y responda por sus crímenes". 

Ramid dijo que el "error" era achacable al delegado general de la Administración Penitenciaria, Hafez Benhachem, que ayer lunes fue destituido por el rey Mohamed VI. El de Galván encajaba dentro del cajón de indultos "excepcionales", que pasan sólo por el filtro de la Administración Penitenciaria y de ahí al monarca. Distintos son los indultos "ordinarios", que gozan de mayores controles porque son estudiados por una Comisión de Indultos en la que se se sientan miembros del Ministerio de Justicia, de la Administración Penitenciaria, del Tribunal de Casación y la Fiscalía General, entre otros. Ramid admitió que Marruecos debería "revisar" estos protocolos.