Gibraltar

El Gobierno minimizó hace tres meses las consecuencias de que Gibraltar fuera un paraíso fiscal

Un grupo de turistas atraviesa la frontera con Gibraltar después de que el Reino Unido anunciase medidas legales "sin precedentes".

Diferentes miembros del Gobierno y el Partido Popular han realizado en las últimas semanas duras declaraciones a tenor de la fiscalidad de Gibraltar. No obstante, en una respuesta a una cuestión al Gobierno realizada por el diputado del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, el Ejecutivo fue menos beligerante y afirmó que intercambiaba información fiscal con el Peñón "en su compromiso por alcanzar los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información", una condición que, en ocasiones, sirve para dejar de considerar paraíso fiscal a algunos países.

Desde que se inició el conflicto con Gibraltar hace unas semanas, diferentes cargos del Gobierno han puesto en cuestión la legalidad de las actividades económicas del territorio británico. El eurodiputado Antonio López-Istúriz, por ejemplo, afirmó en La Razón que "el Peñón no debería seguir siendo un paraíso fiscal", mientras que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, señaló que “Gibraltar es un paraíso fiscal donde se realizan una serie de actividades de dudosa regularidad”. Declaraciones en este sentido han llegado incluso desde la Presidencia del Gobierno, ya que Mariano Rajoy, en un comunicado hecho público en la página web de la Moncloa, expresó “la necesidad de verificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no vulnere la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”.

No obstante, el Gobierno no hacía gala de la misma dureza hace tan solo tres meses. El 14 de mayo se publicaba la respuesta a una pregunta realizada por Gaspar Llamazares en abril acerca de la existencia de “convenios bilaterales para evitar la doble imposición y el fraude fiscal” con el que el diputado de IU denomina “el paraíso fiscal de Gibraltar”. En la respuesta se informaba de que, en virtud de la Directiva comunitaria 2011/16 (que, según se especifica, “resulta también aplicable al territorio de Gibraltar”), se refuerza “la cooperación para la liquidación de tributos en la UE”, lo que permite a España solicitar “información que pueda ser pertinente” para este fin a Gibraltar.

Llamazares, en declaraciones a infoLibre, recuerda que "es verdad que Gibraltar tiene las características de un paraíso fiscal, pero lo que están haciendo el Gobierno y el PP es puro oportunismo". Además, el diputado mantiene que el Ejecutivo "podría aplicar en España esta contundencia en la lucha contra el fraude fiscal en Gibraltar".

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Existen "instrumentos"

En la misma respuesta parlamentaria se recuerda que “en España existe una lista cerrada de territorios considerados paraísos fiscales, recogida en el artículo 1 del Real Decreto 1080/1991”, en la cual está incluido el Peñón. No obstante, la contestación a Llamazares también explica que, si bien Gibraltar no cumple las condiciones para desaparecer de la lista de paraísos fiscales –para ello hay que firmar con España “un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información, o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener dicha consideración”–, sí que existen “instrumentos que permiten el intercambio de información” con la Roca.

España es reacia a firmar acuerdos con Gibraltar, ya que esto significaría reconocer la soberanía en asuntos internacionales del Peñón, que el Gobierno considera competencia del Reino Unido. Por ello, España no ha firmado acuerdos de intercambio de información ni para evitar la doble imposición con Gibraltar, hecho que ya fue resaltado por el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo en una pregunta al Gobierno.

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