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Desahucios

Los vecinos amenazados por el derribo de sus viviendas para ampliar una acera agotan el plazo para ser desalojados

  • Activistas que están apoyando a las familias afectadas aseguran que "no se fían" del Ayuntamiento
  • El consistorio no ha les ha facilitado ningún documento por escrito que certifique que el plazo otorgado por el juzgado para el derribo ha terminado
  • Un activista ha asegurado que saben que este miércoles es el último día estipulado "únicamente por una comunicación verbal de una funcionaria de los juzgados de Gran Vía"

Publicada 28/08/2013 a las 10:54 Actualizada 28/08/2013 a las 13:04    
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Una de las pancartas colgadas en la finca, increpando al Ayuntamiento.  DANIEL RÍOS

Una de las pancartas colgadas en la finca, increpando al Ayuntamiento. DANIEL RÍOS

La continua concentración vecinal y las protestas que desde hace quince días rodean las tres viviendas de la calle Ofelia Nieto número 29 de Madrid –que están pendientes de ser derribadas por el Ayuntamiento– han conseguido que este miércoles, último día del plazo, el consistorio aún no haya hecho efectiva la demolición.

No obstante, pese a la alegría de las familias, un portavoz de los activistas que ofrecen apoyo jurídico y directo a las familias ha asegurado que "no se fían" del Ayuntamiento. Este miércoles a las doce de la noche termina presuntamente el plazo que el juzgado concede al Ayuntamiento para proceder a la entrada –al tratarse de un derribo y no de un desahucio, el consistorio no está obligado a fijar un día concreto para su realización–, pero el portavoz explicó que ese dato lo saben "únicamente por una comunicación verbal que una funcionaria de los juzgados de Gran Vía trasladó al abogado de la PAH cuando fue a preguntar por la notificación que el juzgado realiza al Ayuntamiento".

"El auto judicial tiene una validez de treinta días, y esa validez comienza en el momento en el que es notificado al Ayuntamiento", ha asegurado el portavoz, para después quejarse de que "la fecha de notificación al Ayuntamiento no la sabe la familia y no tiene por qué saberla según la ley y el funcionamiento de la Administración pública", hecho que ha calificado de "increíble". El representante también ha expresado su temor de que el consistorio "pueda intentar venir mañana o pasado y decir que recibió esa notificación más tarde, dado que nosotros no tenemos ningún escrito que garantice" que el plazo ha finalizado.

El activista ha recordado que la vivienda "ya es del Ayuntamiento", extremo que ha sido confirmado por una de las afectadas, María Luisa Gracia, que ha asegurado que el consistorio "en el 2010 se apoderó de la finca en el Registro de la Propiedad, y nos lo ha notificado en el año 2012". Gracia, así, ha exigido al Ayuntamiento que le devuelva "lo que es suyo", ya que asegura que la Administración le ha "robado". De igual manera, no ha dudado en señalar que llegarán "a Estrasburgo" –en referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos– si es necesario para defender su causa.

El portavoz de los activistas, de igual manera, ha admitido que "el Ayuntamiento puede proceder mañana mismo [por este jueves] a pedir una nueva orden de entrada", gestión que ha señalado que tardaría "unas semanas o unos meses" y que otorgaría al consistorio otro plazo de treinta días para ejecutar el derribo. No obstante, ha afirmado taxativamente que "si proceden a ejecutar el desahucio a partir de mañana [sin esperar a tener una nueva orden del juzgado], estarían incurriendo en una ilegalidad manifiesta", ya que el Ayuntamiento estaría "violando el artículo 18.2 de la Constitución Española", que garantiza la inviolabilidad del domicilio salvo que se posea una orden judicial.

De esta forma, el representante ha informado de que la familia está intentando conseguir una notificación por escrito para confirmar que el plazo para el derribo finaliza este miércoles, aunque ha denunciado que "de momento no han conseguido que se les enseñe siquiera ningún papel que lo acredite". Por ello, ha asegurado que su próximo paso será "exigir a los juzgados de Gran Vía que nos den por escrito" el documento enviado al Ayuntamiento "para garantizar que podemos respirar tranquilos". Por este motivo, este jueves se manifestarán frente al Juzgado Contencioso-Administrativo de la céntrica calle madrileña.

"El 16 de octubre", coincidiendo con la vista por el recurso por la via contencioso-administrativa interpuesto contra el derribo, "vamos a pedir la reversión de la expropiación y que esta finca sea liberada del plan urbanístico [de 2004, que es el que planeaba la expropiación y el posterior derribo de la construcción]", ha afirmado el portavoz, que ha declarado que seguirán "luchando para evitar" que el Ayuntamiento "ejecute un derribo de forma ilegal".


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