Ecologistas sospechan que la nueva Ley de Parques Nacionales abrirá de manera “sutil” la puerta a la caza

Grupos ecologistas temen que el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales, que previsiblemente se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, pueda abrir de manera “sutil” la vía a la caza en estos espacios donde por razones de conservación está actualmente prohibido.

Según el borrador al que tuvo acceso Europa Press, la nueva ley incluiría un apartado referido a las acciones necesarias para el control de poblaciones dentro de los parques nacionales. En él se detalla que la administración gestora de los parques podrá “programar y organizar actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats”, lo que según Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, podría ser una “puerta giratoria” para permitir la caza.

“Nos parece una ambigüedad calculada y nos habría gustado más concreción en este punto”, afirma Rodríguez quien, junto a otras organizaciones ecologistas, se ha reunido en varias ocasiones con el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para abordar esta ley. No obstante, tanto él como el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, afirman con malestar desconocer el texto que se llevará mañana al Consejo de Ministros por lo que no saben si fueron escuchadas sus peticiones. “Hay que estar pendiente de cada letra de la nueva ley, de cada matiz, de lo que dice y de lo que no dice”, advierte Juan Carlos del Olmo.

El secretario general de WWF afirma que al unir el apartado del control de poblaciones con otras partes del borrador donde se alude a la colaboración público-privada, se puede temer una “forma encubierta” de autorizar la caza. Según los ecologistas, el control de poblaciones debe realizarse con argumentos científicos y con la supervisión de los guardas del parque y con la nueva ley no queda muy claro quién está al mando.

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Sin embargo, éste no es el único temor que manifiestan acerca del anteproyecto que ha tardado un año en redactarse. Juan López de Uralde, portavoz de Equo, afirma que el principal problema que perciben en la nueva ley es que los parques nacionales cambien de razón de ser desde “la conservación a la actividad económica productivista”. En concreto, los ecologistas se preguntan por qué se debe permitir ciertas actividades en algunos parques nacionales como el vuelo sin motor a menos de tres mil metros en Guadarrama o la navegación en Monfragüe.

También cuestionan la recuperación de competencias que el ministro Arias Cañete anunció como uno de los objetivos de la ley. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004, la gestión de estos espacios protegidos pertenece sin discusión a las comunidades autónomas aunque el Gobierno central debe marcar las directrices a través del Plan Rector. Para los ecologistas, no se trata de recuperar competencias sino de fomentar la coordinación entre los organismos, aunque sí admiten un “bajón en la calidad de la gestión”, en palabras de Mario Rodríguez, desde que es competencia de las autonomías.

Por último, los ecologistas dudan de qué significa la apuesta por la “Marca Parques Nacionales de España” que aspira a desarollar el ministerio. Para Juan Carlos del Olmo de WWF, puede ser positivo si se enfoca para darle impulso a unos espacios que son “iconos de atracción” como pueden ser los museos. No obstante, exige que el Gobierno central disponga “los recursos necesarios" para su conservación y funcionamiento "como si se tratara de El Prado”. Para Greenpeace y Equo, en cambio, la alusión a la marca les suena una vez más al interés por hacer rentables y productivos unos espacios cuya primera y primordial función debe ser la conservación de la biodiversidad.