Las adjudicatarias cierran las oficinas que habían abierto en los hospitales privatizados en Madrid

Las "oficinas de asesoramiento" para los trabajadores de los hospitales madrileños en proceso de privatización, que habían abierto Sanitas y la UTE formada por Ribera Salud y filiales de El Corte Inglés, amanecieron cerradas este miércoles. La retirada de estas compañías, un repliegue que la Consejería de Sanidad madrileña se negó a valorar a preguntas de infoLibre, es consecuencia de la nueva suspensión cautelar del proceso dictada este martes por un magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid. La puertorriqueña HIMA San Pablo –investigada por el quebranto económico causado a algunas entidades financieras de aquel país– todavía no había abierto ningún despacho en sus tres hospitales adjudicados, los centros de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez. 

A pesar de haber sido preguntado de forma insistente por ello en la rueda de prensa que ofreció en la mañana del miércoles, el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, no dijo cómo quedará ahora el proceso privatizador ni qué pasará con los profesionales afectados que, según una resolución del pasado 20 de agosto, tenían que manifestar durante este mes a las adjudicatarias su voluntad o no de permanecer en los hospitales. Hasta la fecha los profesionales venían haciendo esta gestión en las oficinas ahora cerradas por los propios adjudicatarios de los centros de Vallecas, Arganda y Coslada. En los centros adjudicados a HIMA, médicos y enfermeros estaban entregando la documentación requerida al departamento de Recursos Humanos. 

"Si un juez suspende el proceso no podemos seguir con el plan previsto. Por eso decidimos cerrar la oficina hasta que se resuelva el asunto", señala un portavoz de Sanitas, empresa adjudicataria del Hospital del Henares (Coslada), que asegura, asimismo, que la primera noticia que tuvo la compañía de la suspensión fue por la prensa. La UTE en la que participa Ribera Salud también decidió cerrar las "oficinas técnicas de asesoramiento" que estaban funcionando en los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y Sureste (Arganda).

No obstante, una portavoz de esta compañía asegura que la dirección de Ribera Salud tiene "plena confianza en la continuidad del proceso". "Estamos tranquilos y siguiendo las instrucciones de la Consejería. Lo que más nos duele son las molestias que esta suspensión cautelar puede producir en todos los profesionales que se habían interesado por nuestro proyecto", añade esta misma fuente. Según esta representante, 189 profesionales interinos y eventuales de los centros que iban a pasar a ser gestionados por esta UTE ya habían mostrado su voluntad de continuar en ellos con los nuevos gestores. 

"Nadie sabe qué va a pasar ahora"

De no revertirse de forma definitiva el proceso, las empresas que se han hecho con la gestión de estos centros tienen la obligación, según los pliegos del concurso, de contratar a los trabajadores que no tienen plaza fija, esto es, interinos y eventuales, si éstos manifestaban hasta el 19 de septiembre su intención de incorporarse a las concesionarias. No obstante, no tienen la obligación de hacerlo en las mismas condiciones, tal y como vienen denunciado los sindicatos. La paralización del proceso y el cierre de las oficinas en las que se gestionaba este asunto deja ahora en el aire qué ocurrirá con el futuro de estos profesionales. 

Nacho Hernández, portavoz de Sanidad de UGT Madrid, asegura que su organización no ha recibido por el momento ninguna directriz de la Consejería. Y señala que esta suspensión que esperan que sea "indefinida" sí ha provocado que los profesionales afectados estén todavía "más nerviosos". "Nadie sabe qué va a pasar ahora", concluye. 

Por su parte, el personal con plaza fija de los centros en los que, si la Justicia no lo impide, entrará el capital privado podía elegir entre quedarse en el mismo hospital a cuenta del Servicio Madrileño de Salud –el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria–, pedir una excedencia, integrarse en la plantilla de la adjudicataria pasando a depender de la empresa privada o solicitar un traslado a otro hospital 100% público de la Comunidad. Tenían de plazo para hacerlo hasta el 11 de octubre. 

Recursos sin resolver 

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Sin embargo, este proceso de privatización de la sanidad pública madrileña tiene recursos pendientes por las vías penal y contencioso-administrativa, e incluso un recurso ante el Constitucional. El PSM ha vuelto a reclamar la paralización después de que el TSJM se desdijera, tras detener la licitación durante 14 días, con el argumento de que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un “interés legítimo”. Y el Ayuntamiento de Parla argumenta que el hospital construido en esa localidad, edificado sobre suelo cedido, no puede pasar a manos de una empresa privada. 

Otras de las organizaciones que han presentado recursos todavía sin respuesta son el sindicato médico AMYTS o la central del enfermeros Satse. A estos recursos se une la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización, tras la admisión a trámite de la querella presentada por los facultativos contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes por presuntas irregularidades cometidas en los primeros hospitales de la comunidad cuya gestión se externalizó.

Por último, está pendiente de resolución el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud presentado por el PSM.