“Sólo me queda irme a morir tranquila a mi país”

"Lo tengo bien claro: lo único que me queda es pedirle un billete a mi familia e irme a mi país a morir". Son palabras de Cecilia, una persona inmigrante en situación irregular y el corazón trasplantado. Esta guinenana de 52 años es una de las 873.000 personas que han perdido su tarjeta sanitaria y por tanto el derecho universal a la sanidad.

Llegó a España en 1981, país donde ha trabajado hasta hace unos meses cuando se quedó desempleada y donde ha criado a sus hijos. Para ella, la expresión "llegar a fin de mes" tiene sentido vital. Su tratamiento cuesta cerca de 1.000 euros al mes y los últimos los ha financiado gracias a los préstamos de unos amigos.

"Me quitaron la tarjeta sanitaria, mi historial ha sido borrado y siento como si hubiera matado a alguien. En mi país no existen estos fármacos y no hay cardiólogos. Si regreso duraré lo que tenga que durar", se lamenta Cecilia, que relata que obtener las recetas en ocasiones no es problema: "El verdadero impedimento es cuando voy a recoger los medicamentos y me piden la tarjeta sanitaria". 

Cecilia no tiene miedo a salir en los medios de comunicación, no tiene nada que perder. Sin embargo, desde Médicos del Mundo, Celia Zafra apunta que una de las consecuencias de este real decreto ley aprobado en septiembre del año pasado tiene "carácter disuasorio". Uno de los ejemplos patentes es la chilena M.G., que tras afirmar a infoLibre que ya no tenía acceso al tratamiento preventivo contra el cáncer de útero, prefirió no participar en el reportaje. "Muchos tienen miedo a represalias porque están pendientes de algún procedimiento", confirma Zafra.

Red Acoge es una ONG con varias delegaciones en España que ofrece asesoramiento a las personas que se ven en esta situación "caótica", tal y como afirma uno de sus miembros, Manuel Sobrino. "La gente que viene en se ha multplicado a lo largo de este año", explica. También coincide con Zafra en el carácter disuasorio de esta medida, y apunta que a los inmigrantes en situación administrativa irregular se les está considerando "el chivo expiatorio".

Las Comunidades que tienen competencias de Sanidad deciden cómo aplicar el decreto y, según la zona de España, la asistencia es de una u otra forma. "Las personas que se encuentran en esta situación tienen miedo porque no saben si acudir al médico, a que les hagan pagar o temen que les envíen una factura a casa y no puedan pagarla y les abran un procedimiento". 

Falta de información y medida "racista"

"Lo que hemos notado es que los pacientes excluidos por el decreto no vienen a los centros de salud, ha habido una disminución muy seria de estos colectivos. Esto es muy preocupante porque no sabemos qué está pasando con esta gente, porque las personas no han desaparecido. Es un decreto que tiene un contenido ideológico y racista porque persigue expulsarlos del país", sostiene Nacho Revuelta, médico de atención primaria del centro de salud madrileño Rafael Alberti, que propone desobedecer: "A una persona que tiene una necesidad asistencial no se le puede volver la espalda". Zafra agrega que, según un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, los objetores se sitúan en 3.000 y que el 80% de los médicos rechaza esta medida.

"No ha habido ni una sola campaña de información hacia ellos. Ni un solo cartel que diga que aunque usted no tenga tarjeta tiene estos derechos, no se quede en su casa que no se le va a cobrar. La actitud es absolutamente irresponsable y de abandono a su suerte de las personas", ha recalcado Revuelta, que incide en que la normativa también intenta disimular otra de las grandes consecuencias para la población: "La pérdida de todos y cada uno de los españoles a la atención universal, porque ahora está vinculada al aseguramiento y antes era un derecho que tenían todos los ciudadanos. Es fácil que las cifras vayan en aumento porque los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado también han perdido el derecho a la atención sanitaria".

Repercusión económica

Celia Zafra, de Médicos del Mundo, ha destacado que la medida se tomó por motivos de austeridad. Sin embargo, considera que el dinero que se ahorra en atención primaria va destinado a urgencias y el control de enfermedades transmisibles como el VIH. También otras como la tuberculosis, que se cobró la vida del joven senegalés Alpha Pam en Mallorca, que fue uno de los muchos que decidió no acudir a un centro hospitalario. 

"Un informe realizado por el País Vasco hablaba de que el ahorro máximo que podía suponer la expulsión de estas personas en situación admnistrativa irregular de la sanidad sólo ascendería al 0,2% de su presupuesto", agrega Revuelta.

Condenas de muerte en la España del siglo XXI

Soledad Torrico y Alpha Pam son los casos más conocidos de muertes por falta de asistencia sanitaria en nuestro país. Cecilia lucha cada mes para conseguir el tratamiento necesario para vivir, con el temor de que un día no pueda financiarlo: "Mi calvario empieza el día uno de cada mes". Celia Zafra, de Médicos del Mundo, considera que "además de inmoral, para los profesionales sanitarios va en contra de su ética deontológica, no es eficaz económicamente, y atenta contra los convenios internacionales de derechos humanos firmados por España".

Nacho Revuelta señala que lo que les espera a las personas que se encuentran en la situación de Cecilia es un total abandono a su suerte. Manuel Sobrino,de Red Acoge, pide que se derogue el Real Decreto Ley 16/2012 porque para muchas personas es "una condena a muerte".