Polémico auto sobre los ERE

Alaya califica de “imputados” a Griñán y a Chaves sin trasladar el caso a un tribunal superior

J.M.M.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que comunica a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves que se les abre procedimiento en la causa "en calidad de imputados".

La juez ha dictado este auto de 13 folios pocas horas después de la toma de posesión de Susana Díaz como nueva presidenta de Andalucía, en sustitución de Griñán, quien presentó su dimisión y explicó que abandonaba el cargo, entre otras razones, para frenar el desgaste político ocasionado por el caso ERE.

Alaya comunica la misma situación a Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía y Hacienda; a Manuel Recio, exconsejero de Empleo y actualmente parlamentario andaluz; a Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación; a Antonio Ávila, exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo.

La juez Alaya ordena dar traslado de las actuaciones seguidas en el caso ERE  y "comunicar la existencia del procedimiento" a Chaves y Griñán, así como a los cinco exconsejeros citados, "a fin de que puedan personarse en la causa".

En el único razonamiento jurídico que se refleja en el auto, Alaya considera que hay "elementos configuradores mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo" y que abundan en los indicios de la "concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido", así como de la existencia de "sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas" y "modificaciones presupuestarias que permitieron (...) un uso ilícito de fondos públicos". La juez concluye que desde la Junta se estableció un sistema que pretendía "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones (...) provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década".

Interpretación de Alaya

Mercedes Alaya, después de explicar que "se siguen practicando por la Guardia Civil múltiples diligencias" y de recordar la toma de declaraciones pendientes, dedica buena parte de su razonamiento a criticar el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que califica de "confuso" en lo que se refiere a "la cuestión del aforamiento". Según la interpretación de la juez, que cita los artículos 71.2 y 3 de la Constitución, ella no puede "realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación o inculpación", pero sí darles traslado de las actuaciones en curso, lo cual "permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle". Alaya considera que existe sobre los aforados "cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros".

La propia juez admite en el auto que la implicación de aforados la obliga a "remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente", con una "exposición razonada" en la que justifique de forma individualizada la "conducta delictiva concreta de los aforados". Pero Alaya decide  que "no es desde luego esto último lo que nos ocupa ahora", porque no considera aún agotadas las "diligencias de investigación". De modo que elige la compleja opción de señalar con nombres y apellidos a siete aforados, entre ellos Griñán y Chaves, "posibilitándoles la participación en las diligencias que se practiquen y la petición de todas aquellas que consideren convenientes para sus intereses..."

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre se declaran "sorprendidas" por el camino elegido por Alaya, puesto que anuncia la imputación de aforados sin tener la potestad para hacerlo.

La Fiscalía Anticorrupción estudia si el auto dictado por la juez de los ERE se ajusta a derecho.

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