El Gobierno busca vacunarse contra nuevos ‘casos Bárcenas’

El caso Bárcenas estalló en febrero de 2009, cuando el Partido Popular estaba en la oposición. Desde esta fecha y hasta que en 2011 llegaron a la Moncloa tras ganar las elecciones por mayoría absoluta, los conservadores han intentado dibujarse como una formación a la vanguardia en lo que a medidas anticorrupción se refiere. Reformaron el código ético de la época de Aznar, presentaron una oferta de pacto anticorrupción al resto de partidos con representación parlamentaria que quedó en papel mojado. Ahora, a punto de cumplirse el ecuador de la legislatura, el Ejecutivo ha llevado al Consejo de Ministros un informe del Plan de Regeneración Democrática. "Un amplio catálogo de medidas para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que dispone el ordenamiento jurídico", según el Gobierno.

Este plan, anunciado por Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, será ahora trasladado al resto de formaciones políticas para que hagan sus aportaciones. El Gobierno espera que el texto definitivo pueda ser ya remitido al Congreso de los Diputados en enero de 2014.

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El plan consta de cuarenta medidas que afectan a una decena de leyes, distribuidas en tres paquetes normativos: el que afectan al control de la actividad económica de los partidos políticos, el que afecta a la regulación del ejercicio de cargo público de la Administración General del Estado y el que crea un nuevo marco penal contra la corrupción. En este último bloque es en el que se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos.