Los periodistas gallegos reclaman una ley para frenar los abusos de la cobertura del 'caso Asunta'

Un enjambre de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos se ha apoderado de Santiago de Compostela desde que el cadáver de Asunta Basterra, de doce años, fue hallado en un camino rural en las afueras de la ciudad. Desde entonces, una tormenta informativa que se nutre de datos oficiales, crónicas fiables, rumores, afirmaciones sin contrastar, bulos, conjeturas y especulaciones de todo tipo se ha apoderado mañana y tarde de los programas de televisión que basan su negocio en una audiencia ávida de enredos del corazón y sucesos truculentos. Desde hace días, las conexiones en directo y los micrófonos están disponibles para cualquiera que quiera decir algo, cualquier cosa, tenga o no algo que ver con los hechos. Algunos medios han llegado a emitir en directo acusaciones de homicidio sin conocer siquiera la identidad de quien sostenía tales acusaciones.

La voracidad de la televisión se ha contagiado a Internet, donde algunos medios tradicionales están explotando al máximo la demanda de información sin aplicar los criterios de rigor que, al menos hasta ahora, sí formaban parte de su praxis profesional cotidiana. No es la primera vez que ocurre —ya existen precedentes en casos relacionados con violencia cometida contra menores— pero esta vez la confusión es tal que el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) va a poner la lupa sobre el fenómenoConsejo Audiovisual de Catalunya (CAC). El CAC confirmó este viernes a infoLibre su decisión de someter a examen el comportamiento de los medios de comunicación en el caso de la niña asesinada en Santiago.

En medio de esta vorágine, el decano del Colexio de Xornalistas de Galicia (CXPG), Xosé Manuel Pereiro, denuncia la impotencia de las organizaciones profesionales a la hora de poner freno a esta situación. Los periodistas de Galicia y Cataluña, así como los sindicatos que forman parte del Foro de Organizaciones Profesionales (FOP), llevan años intentando convencer a los partidos políticos con representación en el Congreso de que se sobrepongan a la presión de las empresas periodísticas y aprueben una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía (LOGDIC).

Hacen falta "reglas claras"

No lo consiguieron durante la última legislatura del Gobierno socialista y nada hace pensar que van a lograrlo ahora, con mayoría absoluta del PP. Los partidarios de la ley, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, reclaman mecanismos capaces de defender a los ciudadanos de las prácticas periodísticas contrarias a la ética y deontología profesional. “Hay que establecer reglas claras para los periodistas y los ciudadanos”. Reglas que ayuden a distinguir “la ternera del cartílago”, la buena información de la mera difusión de rumores sin fundamento.

La materia prima del periodismo, sostiene Pereiro, es la información, no lo que se rumorea o lo que se dice en tales o cuales ambientes. Eso no puede ser una excusa para hablar de cualquier cosa. Y los medios, añade, no pueden actuar como si siguieran el guión de una teleserie que les obliga a difundir giros narrativos cada pocas horas para mantener la atención de la audiencia. “Si no hay nada nuevo no pasa nada”, subraya el decano de los periodistas gallegos. Ahora se están forzando los acontecimientos para mantener viva la historia y eso es lo termina por disfrazar las informaciones con rumores.

No es la primera vez que el CPXG denuncia este comportamiento, incompatible con las normas deontológicas la profesión. La última vez ocurrió hace apenas unos meses, tras el accidente ferroviario que costó la vista a 79 personas, también en Santiago de Compostela. Ya entonces el CPXG puso en cuestión que los espacios de actualidad tan habituales ahora en las televisiones deban dedicarse a la información en vez de seguir atentos “a especular sobre si fulano se acuesta con mengano”, ironiza Pereiro. Entre otras cosas, añade, porque el público tampoco “sabe consumir medios” de comunicación.

Recomendaciones inútiles

El problema, explica yendo al meollo de la cuestión, es que las organizaciones profesionales están cansadas de emitir recomendaciones y de difundir pronunciamientos que no sirven para nada. Por eso consideran imprescindible la aprobación de una ley como la proponen los colegios y los sindicatos

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La LOGDIC, de la que existe hasta un borrador articulado, propone entre otras cosas la creación de un Consejo Corregulador de Periodismo que se ocupe de hacer cumplir, a periodistas y medios, el código deontológico de la profesión (el que ha aprobado la Federación Internacional de Periodistas). La propuesta de las organizaciones profesionales es que este consejo sea independiente del Gobierno y esté integrado por representantes de los periodistas, de las empresas de comunicación, del Poder Judicial, de la universidad y de las asociaciones de consumidores.

Claro que las empresas de comunicación siempre se han opuesto a este escenario. Como mucho defienden la autorregulación, un modelo que les asegura seguir siendo juez y parte, porque deja bajo su control decidir qué contenidos cumplen los mínimos éticos exigibles al derecho a la información y cuáles no.

Ese modelo es precisamente el que acaba de derrumbarse en el Reino Unido tras el terremoto provocado por las escuchas telefónicas que llevaba a cabo el diario sensacionalista News of The World. La crisis de credibilidad de los medios británicos, salpicados por prácticas incompatibles con la buena praxis profesional que el sistema de autorregulación vigente hasta entonces fue incapaz de impedir, sirvió de base a la redacción del informe Levison, un extenso examen del problema cuyas recomendaciones han acabado por ser convertidas en ley por el Parlamento británico.

Conservadores, laboristas y liberales se pusieron de acuerdo en el Reino Unido el pasado mes de marzo para crear una autoridad independiente con capacidad para sancionar a los medios de comunicación que falten a la ética.

Esta reforma legal, de proporciones históricas en un país que hasta el escándalo de las escuchas creía a pies juntillas en las supuestas bondades de la autorregulación, se adoptó con el apoyo de las organizaciones de periodistas pero con la opinión en contra de las empresas de comunicación. Y no es una rareza en la Unión Europea, al menos en el marco audiovisual. De hecho, España es el único país de su entorno que no cuenta con un Consejo Audiovisual (sólo existen los de Cataluña y Andalucía).

Una recomendación europea

La necesidad de organismos independientes es una recomendación oficial del Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Pluralismo y Libertad de los Medios. En un informe publicado a comienzos de este año y que ya está siendo estudiado por las autoridades comunitarias, los expertos de este grupo han recomendado a los países de la Unión la creación de consejos independientes con una representación política, social y cultural equilibrada, elegidos de forma transparente, y con competencia para investigar quejas contra el trabajo de los medios y de los periodistas. Consejos encargados de vigilar si los medios asumen y defienden códigos deontológicos válidos, si son transparentes sobre quiénes son sus propietarios y si se hacen eco de los conflictos de intereses a los que se enfrenten.

Informe sobre el Pluralismo y la Libertad de los medios (PDF, en inglés)

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Organismos con poder real para castigar las conductas inapropiadas, obligar a publicar rectificaciones o retirar la condición de periodistas a quienes no cumplan sus obligaciones deontológicas.

Los expertos de la UE proponen además una red nacional de autoridades audiovisuales que aseguren buenas prácticas y el cumplimiento de los estándares de calidad del periodismo en televisión.

Mientras este debate se resuelve en el Reino Unido y se extiende por toda Europa, en España simplemente no existe. Al menos públicamente, porque en realidad enfrenta desde hace años a una parte de la profesión (colegios y sindicatos) con la otra (la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y las empresas del sector). Los primeros quieren una ley que garantice el derecho a la información; los segundos insisten en que la autorregulación basta. Mientras ese debate no se resuelve, las consecuencias de las malas prácticas periodísticas se imponen cada vez más en el audiovisual español.