Nueve detenidos, 45 imputaciones y nueve registros por el ‘caso de los ERE’

Finalmente ha sido elevado a nueve el número de personas detenidas en la segunda fase de la operación Heraclesoperación Heracles, encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como por Madrid, Segovia y Barcelona, y fuentes de la Guardia Civil han manifestado a Europa Press que tres de los nueve detenidos corresponden a la provincia de Sevilla, dos a Córdoba, dos a Málaga, uno a Segovia y a Cádiz.

Las actuaciones están siendo protagonizadas por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, de momento, en la provincia de Sevilla ha trascendido la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien ha sido inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004. La operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación, según la propia institución.

Más registros

También en Sevilla se ha producido la detención del exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, quien ya fue imputado por la jueza Mercedes Alaya en la causa. Florido no habría sido detenido, según informa la UCO.

Las actuaciones en Sevilla contemplan además el registro de la vivienda que posee en la localidad de Gines Antonio Manuel Bustamante, presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Surcolor, cuyo ERE figura en la investigación al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas (Sevilla) y ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Bustamente, ya imputado en las actuaciones, está citado a declarar ante la jueza Alaya el próximo 24 de octubre.

De nuevo el restaurante Río Grande

Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla. De igual forma, se ha registradola vivienda de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada a cuenta de las ayudas percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L. José María Sayago, no obstante, tampoco habría sido detenido.

En Cádiz sí ha sido arrestado el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera y en la provincia de Córdoba han sido detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano. En la provincia de Jaén, además, la Guardia Civil ha requerido a distintas entidades bancarias de la provincia información sobre movimientos de cuentas relacionadas con la trama, aunque no mediarían registros o detenciones.

Magdalena Álvarez, ante la jueza Alaya

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Por su parte, la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha defendido este martes su gestión al frente de la Consejería en su declaración como imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos. Álvarez ha asegurado que su actividad fue "absolutamente transparente y clara" y que, en esta época, "no tuvo ningún conocimiento" de los hechos que ahora se están investigando.

En declaraciones a los periodistas una vez finalizada su declaración, en la que únicamente ha contestado a las preguntas formuladas por la magistrada y por la Fiscalía Anticorrupción –la acusación que ejerce la Junta no ha formulado pregunta alguna–, Álvarez ha dicho estar "muy contenta" con el resultado de la comparecencia, en la cual le ha dado "toda la información" que la juez ha requerido. "Podía aclarar numerosos aspectos y estoy segura de que han quedado aclarados", ha destacado.

"Me he sentido muy cómoda, no ha habido ninguna tensión ni problema y todo ha discurrido como tenía que discurrir", ha puesto de manifiesto la imputada, quien ha señalado que se ha tratado de una declaración "técnica". Preguntada por su imputación, ha asegurado tajantemente que le ha "sorprendido todo".