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Caso de los ERE

Alaya pide a Anticorrupción que informe sobre la posible prescripción de delitos

  • La juez también solicita a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que concluya "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003
  • Alaya ha citado a declarar en enero de 2014 a tres abogados imputados en la causa

infoLibre Publicada 13/10/2013 a las 13:28 Actualizada 13/10/2013 a las 13:48    
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La juez Mercedes Alaya, el pasado 4 de julio  JULIO MUÑOZ

La juez Mercedes Alaya, el pasado 4 de julio JULIO MUÑOZ

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha emitido un nuevo auto en el que alude a la posible prescripción de delitos planteada por la Fiscalía Anticorrupción y le requiere para que, "antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia", informe sobre el periodo de prescripción que "maneja" a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas".

En un nuevo auto dictado el pasado 4 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya también solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, sin perjuicio de lo anterior, concluya "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003.

En este sentido, la instructora dice que en este estudio deben incluirse aquellas ayudas que hubieren recibido con anterioridad a dicha fecha algunas de estas sociedades y "que quedarían englobadas por continuidad delictiva", centrándose "en particular" en Jerez Industrial, Gestifesa, y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.

En el auto, consultado por Europa Press, la juez también cita a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía que fueron imputados por la magistrada el pasado mes de junio junto a otros 16 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

De este modo, la juez cita a declarar, el 22 de noviembre, al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa; el día 11 de diciembre, al exinterventor delegado en Empleo Juan Luque, y a los exsecretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, que comparecerán ante la juez los días 19 y 20 de diciembre, respectivamente.

De igual modo, la juez ha citado a declarar en enero de 2014 a tres abogados imputados en la causa, mientras que señala que los cargos o exaltos cargos imputados en junio que no han comparecido hasta el momento ni tampoco han sido citados comparecerán una vez se reciba el atestado relativo a IFA/IDEA.

Rechaza de momento llamar a declarar a Antonio Rivas

Asimismo, la instructora se ha opuesto a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que citara a declarar al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que lleva imputado en la causa más de dos años, pues la Guardia Civil "se encuentra ultimando el atestado relativo a Mercasevilla", por lo que "una vez se presenten las diligencias policiales se resolverá sobre esa declaración".

Por este mismo motivo, rechaza citar a declarar, por ahora, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet.

Además, y respecto a la petición del Ministerio Público para que declarasen José Enrique Rosendo –hijo del exalcalde de El Pedroso–, José María Sayago, y Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, Alaya dice que los mismos no podrán comparecer "hasta que no se aporte por la Guardia Civil el anunciado atestado sobre las ayudas concedidas" a la Sierra Norte de Sevilla.

"Quebranto producido en fondos públicos" de la Junta

La juez también acuerda ampliar la pericial encomendada a la Intervención General del Estado para que analice la cobertura presupuestaria, ejercicio a ejercicio, de los compromisos de pago asumidos por el IFA derivados de los convenios suscritos con la Dirección General de Empleo, así como que determine "el quebranto producido en fondos públicos de la Junta" y el cumplimiento de la normativa contable y fiscal de los pagos efectuados por el IFA.


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