Alcaldes de todos los partidos menos del PP amenazan con llevar la reforma local al TC

El PSOE, IU, CiU, CC, Compromís, CHA, ICV y la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) le han pedido hoy  al PP, en un acto al que han acudido a más de 2.000 representantes municipales, que retire el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Creen que la nueva reforma del PP dejará a los ciudadanos sin prestaciones básicas, y se muestran dispuestos a recurrir al Constitucional si el Gobierno no da marcha atrás.

A través de un manifiesto conjunto, alcaldes de distintos partidos políticos —excepto el PP— denuncian que existe una vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local. Los socialistas critican que el proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público. "Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales", ha explicado el PSOE.

Los otros grupos también muestran su profundo rechazo 

Desde Coalición Canaria han expresado que Los Alcaldes y Alcaldesas han expresado una "posición radicalmente contraria". Afirman que el Proyecto de Ley del PP pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país pero esto "es radicalmente falso". 

"Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que elendeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB,

mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015", han alegado.

Desde Compromís creen que la "consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste mas elevado que tendrán que costear los ciudadanos", al referirse al sistema de copago que pretende implantar el PP en distintas comunidades. La Chunta de Aragón ha calificado la nueva ley como "un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos departicipación ciudadana, atenta decididamente contra ellos"

Iniaciativa per Catalunya sostiene que la "la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática,  no sólo debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y financiación". Ciu ha advertido de que la nueva iniciativa del PP no respeta las competencias municipales y "no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos".

Izquierda Unida achaca al Gobierno que no tenga en cuenta los servicios sociales más elementales. "Significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores...".Los alcaldes creen que no respetara las competencias municipales

Para los alcaldes, esta nueva normativa, que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014, "erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica", ha informado Europa Press.

"Al contrario, el modelo propuesto por el Gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos, pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos", ha declarado el alcalde de IU de Rivas-Vaciamadrid, Pepe Masa.

En este sentido, ha añadido que "servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia o dependencia dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos". "Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del Gobierno", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha indicado que el acto celebrado pretende poner de manifiesto "que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales".

"Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuados con los alcaldes en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores", ha declarado.

Según ha destacado, el texto del Ejecutivo, vulnera el principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local, invade el marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes comunidades autónomas y no mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales.

"Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo", ha declarado Caballero cerrando el manifiesto.

Acuerdo para cambiarla

Manifiesto contra el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

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El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha explicado que si esta ley llega a aprobarse, desde la oposición "la van a cambiar". "Ninguno de los aquí presentes está de acuerdo con esta norma que se ha hecho deprisa y corriendo, pero a lo mejor luego cada uno tiene su propuesta, habrá que dialogar, consensuar, algo que no ha conseguido el PP", ha indicado el socialista.

Además, ha explicado que "al menos en privado, algunos dirigentes y responsables populares" le han dicho "que no están de acuerdo tampoco" con este texto.

Finalmente, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha señalado que el hecho de que "miles de alcaldes de todos los partidos menos PP" estuvieran en el acto "es la muestra mas evidente del rechazo que en el mundo local existe ante esta ley". "Lo que se trata es de que en España no haya ciudadanos de primera y de segunda según en donde se viva", ha concluido.